El Gobierno no reclamará la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Gobierno, en contestación a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, ha subrayado que "dentro de los planes del Gobierno no se tiene previsto reclamar la titularidad"de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El Gobierno, en contestación a preguntas que le ha formulado el diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, ha subrayado que "dentro de los planes del Gobierno no se tiene previsto reclamar la titularidad"de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que el Obispado de Córdoba inmatriculó a su nombre.

Así se recoge en la respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha dado el Ejecutivo al diputado socialista, quien había preguntado si "reclamará el Gobierno la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba", si "impugnará la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba"y si "presentará un recurso de inconstitucionalidad sobre el registro de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia".

Ante esto y tras afirmar que no ha previsto reclamar la titularidad del histórico templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y ahora además con el rango superior de Valor Universal Excepcional, el Gobierno ha añadido que tampoco entra en sus planes "impugnar la matriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba". Del mismo modo, tampoco pretende presentar ningún recurso de inconstitucionalidad sobre el registro a nombre de la Iglesia.

La crisis, motivo para no expropiarla

En otra respuesta parlamentaria por escrito al grupo Izquierda Plural, el Gobierno aseguró que, aunque la Constitución admite que, conforme a las leyes, mediante la correspondiente indemnización y siempre que existan causas justificadas de utilidad pública, se podría expropiar la antigua Mezquita y Catedral de Córdoba, existen "numerosas razones"que "impiden"hacerlo, entre ellas, la "falta de recursos"y la actual situación de crisis económica.

"Sería difícil de explicar a los ciudadanos andaluces y al conjunto de la sociedad que en la actual situación de crisis, especialmente grave en esa comunidad, las administraciones públicas destinaran una ingente cantidad de dinero, que habría que sustraer de otras partidas más necesarias, a expropiar la Catedral de Córdoba", precisaba.

Otra razón, según apuntó, sería que no se da ninguna de las circunstancias previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico que justifiquen ese fin social necesario para que se pudiera expropiar.

Además, indicó que, si se expropiara, el coste anual de su mantenimiento y los gastos extraordinarios de conservación también deberían ser asumidos por el Estado, todo ello, sin que se modificara el régimen de acceso a dicho monumento.