Coronavirus

Sanidad se abre ahora a cambiar las provincias por áreas sanitarias

Recula tras el enfado de algunos presidentes autonómicos, que piden implementar el plan por dichas zonas sanitarias.

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La decisión de Pedro Sánchez de utilizar la provincia como unidad territorial para desarrollar el plan de desescalamiento no sentó bien en varias Comunidades. Así, Galicia y Valencia quieren implementar la desescalada por zonas sanitarias, al igual que Castilla y León, y La Rioja. Por su parte, Andalucía defiende que Huelva y Almería, con menos nivel de trasmisión, entren directamente en fase 1 y piden lo mismo para algunas comarcas de Málaga. Castilla la Mancha también demanda segmentar las zonas dentro de cada localidad.

«La unidad territorial es la provincia o la isla, pero estamos abiertos a otras propuestas que nos puedan hacer las Comunidades Autónomas», declaró Illa ayer en rueda de Prensa. Así, el Gobierno no descarta acceder a las peticiones de estas Comunidades si son capaces de garantizar, según dijo el ministro, la «estanquidad» de estas unidades menores y que no haya movilidad de éstas a otras zonas de la misma provincia. Si se aporta la información añadida de criterios epidemiológicos, sanitarios y económicos se podría autorizar, apuntó.

«Un papel testimonial»

Dichas declaraciones llegan después de que algunos presidentes hayan mostrado su descontento ante el enfoque del plan. «La propuesta de desescalada exige un aterrizaje más singularizado y complejo. El departamento de salud es mejor que la provincia», criticó Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Por su parte, Alberto Núñez Feijoo, al frente de Galicia, considera que el Gobierno ha dejado a las Comunidades un «papel testimonial», y afirmó que la hoja de ruta central presenta «algunas luces y muchas sombras», y que «el foco deben ser las áreas sanitarias y el zoom, las comarcas y distritos sanitarios». En la misma línea ha ido la crítica del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien afeó que Pedro Sánchez haya enviado «a la papelera» la experiencia que tiene Cataluña por áreas sanitarias.

El Gobierno aprobó el martes en Consejo de Ministros su plan de desescalada –con cuatro fases, pero sin fechas fijas para todos los territorios– y a partir de hoy irá traduciendo esa hoja de ruta a través de órdenes ministeriales que después tendrán reflejo en el BOE. En eso se escuda el ministro de Sanidad cuando le preguntan por los criterios específicos de la desescalada. Lo cierto es que el plan del Gobierno necesita aún muchísimas concreciones. Sanidad no ha establecido, por ejemplo, a qué niveles concretos de trasmisión deberán llegar las Comunidades para pasar a cada una de las cuatro fases de la desescalada. El Ejecutivo no ha establecido ni lo más inmediato: a partir de cuántos casos por habitante se podrá saltar a la fase 1, «porque la transición no se va a basar en indicadores únicos ni umbrales prefijados», apuntó ayer el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Las diferentes fases,añadió, «dependerán de la situación epidemológica, pero también de las capacidades asistenciales por si se produce un rebrote al abrir, quizá, demasiado pronto. Además, se deben tener los mecanismos para garantizar que las medidas de control se cumplirán y que haya sistemas de vigilancia de la epidemia adecuados». Estos indicadores «se tienen que valorar en su conjunto» y «es temerario plantear un único parámetro con un único umbral», aunque «sí hay que valorar algún máximo o mínimo como orientación, y en eso se está trabajando ahora».Simón explicó no obstante que se colabora con grupos multisectoriales e interterritoriales para «cerrar definiciones de todos los indicadores», pero adelantó que no se va a poner un umbral específico para cada uno de ellos. Para explicar mejor el motivo puso el siguiente ejemplo: «Si ponemos un número mínimo de casos por habitante, una Comunidad puede que tenga capacidades de sobra para darles seguimiento y que otra con menos recursos no pueda».

Sin ninguna concreción

Lo que queda claro es que el plan de desescalada que presentó ayer el Gobierno genera bastantes dudas porque tiene demasiados flecos. No hay fechas concretas y serán las Comunidades «las que, con la información en la mano, propongan qué territorios están listos para pasar de escenario». Tampoco hay cifras exactas de con cuántos amigos se puede sentar uno cuando abran las terrazas ni los límites de movimiento dentro de la provincia cuando se llegue a la fase 1, entre otros. «No tendría sentido dar esta información hasta que no tengamos documentos finalizados», subrayó el epidemiólogo tras apuntar que «lo que se hace normalmente en meses e, incluso en años, se está haciendo en días».

Más tarde, Illa defendió que los detalles concretos para cada indicador social, sanitario, etc se irán conociendo a través de las órdenes ministeriales que irá emitiendo Sanidad. Por tanto, se definirá más adelante en qué condiciones se pueden hacer las visitas a familiares, especialmente si forman parte de los grupos más vulnerables. También en su momento se valorará cuándo se puede ir a la playa y en qué condiciones. El argumento del Gobierno es que aún queda tiempo para ir perfilando los detalles, puesto que la transición durará entre seis y ocho semanas con una visión «optimista». Pero puede durar más tiempo ese proceso si las cosas «no van como tienen que ir».

Simón dice que las mascarillas no van a ser obligatorias porque hay colectivos que no pueden usarlas
Pese a que países como China, Corea y Japón han basado parte de su éxito en la lucha contra el coronavirus en el uso generalizado de las mascarillas, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, todavía rehúsa afirmar que son necesarias para controlar los contagios. Aunque admitió que representan una medida importante y que «el debate no está cerrado», añadió que «tenemos que entender lo que significa el uso de mascarillas y que no todo el mundo puede utilizarlas». En este sentido, puso de ejemplo a las personas con problemas respiratorios, las que sufren a menudo crisis de ansiedad, los deportistas, los trabajadores de profesiones con alta actividad física y los niños. «Una norma sobre el uso de mascarillas con todas estas excepciones es complicada». «Lo que hace Sanidad es una alta recomendación, pero hacerla obligatoria no se puede plantear a la ligera», afirmó.