CSIF amplía la querella contra Illa “por el alarmante incremento de contagios entre sanitarios”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ultima una querella ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, por la gestión de la crisis del Covid-19, a la que incorporará el “alarmante” incremento de contagios entre el personal de la sanidad, junto a la distribución de mascarillas no homologadas. Según expone en un comunicado la central que dirige Miguel Borra, “CSIF ya presentó una denuncia en el mes de febrero ante el Tribunal Supremo porque sanidad no atendió los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer acopio de material (mascarillas, EPIS, test) con las consecuencias que hemos comprobado”. Los servicios jurídicos de la central, mayoritaria en las administraciones públicas, han ampliado esta acción judicial con una querella, recabando testimonios de personal que se ha visto afectado y la constante información que se sigue produciendo sobre la gestión de la crisis, como las mascarillas “fake”. Además, exige test para todos los profesionales y reforzar el control sobre mascarillas y Equipos de Protección Individual (EPIS).

“CSIF también ha reclamado que se declare enfermedad profesional a todos los efectos el contagio por Covid y ha presentado diferentes denuncias en tribunales de las comunidades autónomas, así como Inspección de Trabajo. A estas medidas se sumarán miles de reclamaciones a la Seguridad Social para que se incremente entre un 30 y un 50 por ciento las diferentes prestaciones para haberse contraído la infección por falta de material preventivo”, remarca.

La central critica también el “refuerzo insuficiente” de las plantillas en Sanidad. “Y es que a la precariedad de material se suma la falta de efectivos”. Según datos de la Seguridad Social conocidos hoy, durante el mes de abril se contrató a 23.328 personas en el sector de la Sanidad, cifra que, sumada a las 7.000 contrataciones de marzo, se encuentra muy lejos de las 50.000 anunciadas en su momento por el Gobierno “y no compensa las miles de bajas por contagios y los 18.320 contratos que se perdieron en la Sanidad durante enero y febrero”.