-¿Cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a la profesión odontológica?

-En el aspecto económico, la pandemia ha afectado seriamente al sector odontológico. Durante el confinamiento fuimos declarados servicio esencial, pero solo podíamos atender urgencias, por lo que muchas clínicas no han podido afrontar los gastos y han quebrado. La última encuesta realizada por el Consejo General de Dentistas indica que para nueve de cada diez profesionales el impacto ha sido relevante, estimando entre un 20-30% la reducción esperada de ingresos con respecto a 2019. A ello hay que sumarle que el 3% de los dentistas ha perdido su trabajo, lo que supondría unos 1.200 profesionales, aproximadamente. En el plano sanitario, somos el colectivo sanitario que menos se ha contagiado. La tasa de infección por Covid-19 en los dentistas españoles se sitúa en torno al 4%, hasta 3,5 veces más baja que la encontrada en la población general.

-¿Y a la salud bucodental de los ciudadanos?

-La coronafobia, el miedo a contraer el virus SARS-CoV-2, ha originado un incremento de la ansiedad y el estrés entre la población. De hecho, en las clínicas dentales hemos notado un importante aumento de los casos de bruxismo, tanto en adultos como en niños. Al mismo tiempo, este miedo al contagio ha provocado que los ciudadanos pospongan sus tratamientos, lo que puede ser perjudicial para su salud bucodental, ya que una pequeña patología que no se trata a tiempo puede agravarse, lo que conllevaría un abordaje más complicado.

-¿Qué acciones está llevando a cabo el Consejo en este sentido?

-Por un lado, de concienciación a la población. Recientemente, hemos lanzado una campaña donde incidimos en la importancia de cuidar la salud oral, porque en estos momentos es una prioridad. El objetivo es hacer ver a los ciudadanos que, aunque llevemos mascarilla, debemos seguir manteniendo unas correctas pautas de higiene dental y visitar al dentista de forma periódica. Además, como organismo representante de más de 40.000 dentistas en España, desde el Consejo trabajamos al máximo para apoyar a la profesión odontológica. Para ello, elaboramos protocolos e informes sobre las medidas de prevención que se deben tomar en las consultas según evoluciona la situación sanitaria; hemos lanzado el curso on line «Plan de acción dental para el periodo postepidémico Covid-19», que ha tenido una acogida sin precedentes; y mantenemos una continua comunicación con el Ministerio de Sanidad.

-Una de las reivindicaciones del Consejo es la modificación de la Ley de publicidad sanitaria. ¿Por qué?

-La experiencia nos ha enseñado que ciertos escándalos sanitarios se han debido a unas campañas de publicidad muy agresivas por parte de algunas empresas que ofrecen supuestas subvenciones y descuentos a los sectores más vulnerables de la población, luego cierran y dejan a los pacientes con los tratamientos a medias o sin iniciar siquiera. La publicidad sanitaria debe ser rigurosa, veraz y comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico, que no confunda a los ciudadanos ni les incite al consumo.

-También solicitan la modificación de la Ley de sociedades profesionales. ¿Qué cambios proponen?

-Si la Administración aplicase la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados se evitarían situaciones como las que estamos viendo en estos momentos, ya que existen resquicios legales que han permitido el acceso al Registro Mercantil de auténticas sociedades profesionales como si fueran sociedades de intermediación, quedando fuera del ámbito de aplicación de la LSP. La finalidad de esta modificación es la correcta aplicación de dicha ley.

-¿Qué ventajas aportarían ambos cambios a pacientes y a profesionales?

-Actualmente no existe una normativa clara respecto a la publicidad sanitaria, el sistema de control es prácticamente inexistente y las competencias de las administraciones están poco delimitadas, por lo que los pacientes no están protegidos como deberían y, en ocasiones, no reciben una información veraz y científica respecto los tratamientos que van a contratar. Las organizaciones colegiales tienen el deber de velar por la buena praxis de los profesionales para así garantizar que se presta el mejor servicio profesional a la ciudadanía. La modificación de la Ley de Sociedades Profesionales haría que las mercantiles tuvieran un control deontológico por parte de los colegios profesionales.

-¿En qué punto se encuentran ambas cuestiones? Porque existen una iniciativa parlamentaria al respecto, ¿no es así?

-En febrero de 2020 se registró en el Senado la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley de Sociedades Profesionales. Y el pasado 8 de diciembre, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre publicidad sanitaria. Esperamos que los demás partidos políticos apoyen estas proposiciones legislativas, pues repercutirían muy positivamente en la salud de todos los ciudadanos.