«La política debe seguir a la ciencia y acogerse al enfoque de la reducción del daño»

En este instante o en el transcurso de la lectura de este texto, hasta un billón de personas podrían estar encendiéndose un cigarrillo en cualquier rincón del mundo, exponiéndose al mismo tiempo, y tal y como advierten los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al riesgo de sufrir una de los ocho millones de muertes que provoca al año el tabaquismo en nuestro planeta. En la otra cara de la moneda, en torno a otros 70 millones de personas con adicción a la nicotina la podrían estar consumiendo evitando el gran problema de fumar, el proceso de combustión –55 millones de ellas optando por el cigarrillo electrónico y otros 15 millones por el tabaco calentado–, reduciendo así el daño en comparación con seguir fumando cigarrillos, según asegura parte de la comunidad científica experta. Sin embargo, mientras que los países en los que el cigarrillo tradicional está prohibido se cuentan con los dedos de una mano (Bután, Turkmenistán y Ciudad del Vaticano), la venta del cigarrillo electrónico está prohibida en más de 30 países. Una contradicción que algunos científicos achacan a una actitud ilógica por parte de algunos gobiernos, como afirmaron contundentes el pasado martes 23 de junio los tres participantes de un panel de discusión sobre reducción del daño como estrategia para combatir el tabaquismo moderado por Philip Morris, en el que participaron: el Doctor Peter Harper, oncólogo y fundador de la atención oncológica del Hospital Saint Thomas de Londres; el Doctor Reuven Zimlichman, cardiólogo y director del Instituto Brunner de Investigación Cardiovascular de la Universidad de Tel Aviv, en Israel; y Gizelle Baker, epidemióloga y directora global de comunicación científica de Philip Morris Internacional.

Durante el evento y contra esta incongruencia, los tres ponentes concentraron sus intervenciones en argumentar por qué las posturas negacionistas defendidas por las autoridades de los países más reacios al aperturismo a las alternativas al cigarrillo tradicional no son para ellos una opción. Y lo hicieron aludiendo en primer lugar a dos evidencias científicas fundamentales: uno, que la nicotina es la sustancia que, naturalmente presente en el tabaco, lo hace adictivo, pero no mortal; y dos, que el proceso de combustión de este producto es el principal problema ya que es el causante de liberar un gran número de sustancias tóxicas y, por lo tanto, la eliminación del humo contribuye en gran medida a la reducción del daño del tabaquismo hasta en un 95% con respecto a seguir fumando. Unos datos que siguen despertando recelo cuando provienen de investigaciones de la industria tabaquera, pero que, poco a poco, están siendo respaldados por trabajos ajenos al sector: «A día de hoy, han sido publicados más de 25 estudios independientes sobre IQOS y la inmensa mayoría verifica nuestros datos científicos», aseguró Gizelle Baker haciendo referencia al sistema de calentamiento de tabaco de la marca, al que ya se han pasado más de 10 millones de fumadores en todo el mundo.

Continuando con su exposición y teniendo en cuenta que una de las mayores críticas hacia productos como el cigarrillo electrónico es el supuesto atractivo que podría suponer para el público más joven, los tres expertos incidieron en la idea de que la estrategia de reducción del daño debe ser un complemento a las de prevención y cesación y, como su propio nombre indica, se dirige a aquellas personas que sufren los daños del tabaquismo porque son fumadoras. «Hoy en día todo el mundo sabe que fumar mata y, aun así, muchos eligen seguir fumando o no pueden dejarlo; para estas personas necesitamos algo nuevo con lo que ayudarles a tener una vida más saludable», afirmó el Doctor Zimlichman, apuntando a la responsabilidad médica de estar al corriente e informar a sus pacientes de las posibles alternativas libres de combustión menos nocivas. En esta misma línea y siempre remarcando la idoneidad del cese frente a cualquier otra vía contra el tabaquismo, el doctor Peter Harper reconoció durante la discusión la pertinencia de regular la publicidad de estos productos alternativos, así como la de controlar la inclusión de sabores, lo cual, dijo, no quita que «la política deba seguir a la ciencia, como lo ha hecho durante esta pandemia, y acogerse al enfoque de la reducción del daño».

Este planteamiento se aplica constantemente a otras áreas de la salud pública, como la referente al consumo de azúcar. Los tres ponentes coincidieron nuevamente a la hora de remarcar la importancia de que todos los datos estén al alcance de los fumadores y fumadoras de forma que puedan tener información clara que les ayude a la hora de decidir pues, como concluyó Gizelle Baker –y si lo que sabemos con rotundidad es que fumando cigarrillos tradicionales las personas se están exponiendo a los niveles de toxicidad más altos posibles–, «los consumidores deben exigir el acceso a una información veraz y factual para poder tomar una decisión formada».