Conciliación

500.000 familias volverán a ser familias numerosas de pleno derecho

La Razón
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Era la eterna promesa y también la eterna demanda, como reconoce Raúl Sánchez, director ejecutivo de la Federación Española de Familias Numerosas. Él lleva más de 17 años al frente de esta organización y hoy, "por fin", ha podido recibir la buena noticia: se va a modificar la Ley de Protección de Familias Numerosas para evitar que pierdan el título hasta que el último de los hijos cumpla la edad establecida. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de un millón de hogares están compuestos por familias numerosas -con más de tres hijos-, sin embargo, inscritas como tal "sólo hay unas 530.000. Por eso siempre hablamos de familias numerosas de hecho y las de derecho". Hace algo más de diez meses la ministra de Sanidad, Ana Mato, ya anunció su intención de que los hogares con más de tres hijos pudieran mantener su estatus de familia numerosas a pesar de que el hijo mayor hubiera cumplido 21 años o 26 si seguía estudiando. Y es que ha costado sudor y lágrimas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diera su visto bueno a esta medida tras evaluar su impacto económico. Ser considerada familia numerosa permite ahorros importantes tanto en las matriculas de las universidades -permite una reducción del 50%- como en los abonos transporte o en los billetes de avión. No obstante, y a pesar del avance, el director de la Federación insiste en la necesidad de introducir más reformas que, sobre todo, "terminen con las desigualdades autonómicas". La fiscalidad es una de las cuestiones básicas que preocupan a las familias porque "se dan casos de hasta 3.000 euros de diferencia en las bonificaciones entre unas comunidades y otras". Entre las demandas que Sánchez espera que se introduzcan en el futuro Plan Integral de Apoyo a la Familia incluye la opción de obtener viviendas de protección oficial destinadas, en exclusiva a hogares con más de tres hijos, bonificaciones del IBI y, sobre todo, "contar con la buena voluntad de las comunidades autónomas para que se establezca un mínimo generoso".