Un fraude fiscal de 2,9 millones

Anticorrupción sostiene que Imanol Arias y Ana Duato utilizaron una trama de sociedades opacas diseñada por el despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda 2,1 millones y 794.390 euros, respectivamente, procedentes en su mayoría de sus ingresos por «Cuéntame».

Los actores Imanol Arias y Ana Duato se sirvieron de las estructuras opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda casi tres millones de euros entre 2010 y 2014, procedentes en su mayor parte de sus emolumentos como protagonistas de la serie «Cuéntame cómo pasó». Eso es al menos lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que incluye a ambos en la relación de 46 querellados –34 personas y doce sociedades– que se habrían servido de este despacho madrileño para evitar pagar a Hacienda al menos 15 millones de euros, una cantidad que, según fuentes de la investigación, «se multiplicará» a medida que avancen las pesquisas que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria –que alertó a Anticorrupción el pasado febrero de supuestas irregularidades fiscales con Nummaria como epicentro– cifra en 2.188.712,18 euros la cantidad que habría defraudado Imanol Arias en el IRPF entre 2010 y 2014 (ver gráfico), muy por encima en todos esos ejercicios de los 120.000 euros de cuota que delimitan la existencia de delito fiscal (en 2011 alcanzó el máximo, con 541.084,35 euros). En el caso de Ana Duato, las cuotas supuestamente detraídas a la Agencia Tributaria, también en el IRPF, entre los ejercicios 2010 y 2012 suman 794.390,31 euros.

En ambos casos, la Fiscalía Anticorrupción reseña en su querella que esos ingresos proceden principalmente «de su participación en la serie de televisión “Cuéntame cómo pasó”».

Gracias a esas estructuras opacas, los dos actores y los otros 44 querellados consiguieron eludir la tributación en España por sus ingresos profesionales, eludir las responsabilidades derivadas de la actividad de sus sociedades y «reintegrar en el circuito económico» las cantidades supuestamente defraudadas, lo que a criterio del Ministerio Público supone la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales. En el primer caso, la Fiscalía precisa en su denuncia que los hechos encajan en el subtipo agravado del artículo 305 bis del Código Penal, «por la importancia de las cuotas defraudadas y el uso de personas interpuestas para ocultar la verdadera identidad» de los contribuyentes obligados a declarar esos ingresos. La distinción no es baladí, pues mientras el delito fiscal está castigado con una pena de entre uno y cinco años de prisión, en este último supuesto la horquilla oscila entre dos y seis años de cárcel.

Tanto Arias como Duato se habrían beneficiado –como «una parte muy importante de los clientes» de Nummaria– del mismo modus operandi diseñado por el despacho de abogados. Las estructuras son «casi idénticas» y el objetivo, el mismo: evitar pagar el Impuesto de Sociedades por empresas operativas en España y eludir obligaciones fiscales en el IRPF y las derivadas del reparto de beneficios y de incremento de patrimonio no justificado.

De Costa Rica a Mauricio

En una primera fase, para conseguir «la salida» de nuestro país de las rentas que se pretendían evadir se desplazaban éstas a UTE´s (uniones temporales de empresas) o comunidad de bienes titulares de Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), un mecanismo de cooperación europea para facilitar las actividades comerciales que en España está exento de tributar por el Impuesto de Sociedades. La ONIF ha comprobado la existencia de más de 40 AEIE, que estaban participadas «en altos porcentajes» (entre el 80 y el 90%) por sociedades radicadas en Reino Unido (la investigación ha identificado hasta ahora a 104, de las que al menos la mitad se habrían utilizado con fines defraudatorios), mayoritariamente en manos de una decena de empresas costarricenses. Estas últimas sociedades estaban controladas por cuatro testaferros de Costa Rica o Islas Mauricio.

Con este «decorado» Nummaria conseguía que la mayor parte de las rentas de sus clientes se desviasen hacia las empresas radicadas en Reino Unido en idéntica proporción a su participación en la AEIE (el referido 80 o 90 por ciento), evitando pagar en España por el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

En el caso de Imanol Arias, la AEIE utilizada fue Leitmotif Projects, creada en marzo de 2010 y participada en un 20% por 11 T’ai Creaciones y en un 80% por Rosedale Limited, radicada en Londres. Ana Duato, por su parte, calcó esa operación con la AEIE Gaumukh, participada en un 60% por Ganga Proyectos, la sociedad patrimonial que comparte con su marido, Miguel Ángel Bernardeau (investigado como cooperador necesario del fraude fiscal atribuido a su esposa), y la británica Nevington (40%), controlada por dos empresas costarricenses. Tanto ésta como Rosedale Limited eran empresas pantalla sin actividad alguna ni empleados, según Anticorrupción.

Fuentes de la investigación ven poco verosímil que los clientes de Nummaria desconociesen las estructuras defraudatorias. Los indicios, por contra, apuntan a que eran «plenamente conscientes», insisten.