Cuatro años de cárcel por acabar con 2.200 animales

La presidenta de una protectora de Málaga ha sido condenada por el exterminio «lento, doloroso e injustificado» de perros y gatos

De «auténticas sesiones de exterminio totalmente injustificadas» se acusa a Carmen Marín, presidenta de la protectora Parque Animal, en Torremolinos (Málaga), así como de un delito de falsedad documental, pues, según los testigos, habría usado su firma para simular que las eutanasias eran practicadas por veterinarios autorizados a tal efecto. En el juicio, que se ha iniciado esta semana, se debate su responsabilidad en el supuesto sacrificio de un total de casi dos mil doscientos animales entre 2008 y 2010.

La protectora Parque Animal fue fundada en 1996 por Carmen Marín con el objetivo de recoger animales abandonados y proporcionarles un nuevo hogar. Era financiada por donativos de sus socios y cerca de 27.500 euros anuales del Ayuntamiento de Torremolinos.

En junio de 2010, el Seprona, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, puso en marcha una investigación tras la denuncia por maltrato animal interpuesta por un veterinario que había trabajado en la asociación. El antiguo empleado aportó varias grabaciones realizadas con su teléfono móvil para demostrar que los animales estaban siendo sacrificados de forma masiva. Estas «auténticas sesiones de exterminio» se llevaban por delante animales totalmente sanos, que no presentaban ningún tipo de enfermedad y muchos de ellos de edad temprana.

Fue la acción de un auxiliar y un veterinario que trabajaban contratados en la protectora y que trasladaron la situación al Colegio de Veterinarios la que sirvió para destapar el horror que encerraban los muros de Parque Animal. A raíz de esto se inició una laboriosa investigación impulsada por Seprona que se prolongó durante siete meses y cuyo resultado fue un escalofriante informe que recoge el modus operandi que seguía la presunta acusada de las ejecuciones.

De acuerdo con las declaraciones que acumula el juicio, los animales eran pinchados con Dolethal. Pero la crueldad de la siempre presunta acusada no termina ahí: Carmen no sólo administraba una dosis muy inferior a la requerida para provocar una muerte indolora, sino que no sedaba previamente a los animales y se jactaba de administrar el producto «intraperro». Es decir, los casi dos mil doscientos animales sufrieron una muerte lenta e insoportable ya que, ni recibieron la dosis correcta ni les fue administrada por vía intravenosa, que es lo preceptivo, sino «donde cayera».

Tan macabro método se traducía en horas de agonía para los animales –más concretamente, «un padecimiento extremo, asfixia y parálisis muscular y respiratoria», en palabras de uno de los peritos–, que cada mañana de lunes afrontaban un exterminio sistemático que los diezmaba mientras sus «alaridos» quedaban sepultados bajo música puesta a todo volumen y unas cámaras de vigilancia oportunamente desconectadas.

Una vez se hubo descubierto esta masacre sistematizada, multitud de colaboradores o amantes de los animales vinculados a la protectora –especialmente quienes habían confiado el cuidado de perros y gatos a Parque Animal pensando que así los salvaban– crearon una asociación de afectados, presidida por Ana Fernández Irisarri, que se persona además como acusación particular en el juicio. Lo que más duele a Ana es haber conducido a animales a su propia muerte: «Te juegas la vida rescatando a un perro en la autovía para llevárselo a alguien y que lo masacre». De hecho, no ha podido olvidar su última experiencia con la protectora. «La última vez que fui a dejar animales, llevé nueve gatitos. Hasta había alquilado una furgoneta para ir a rescatarlos a Granada. Al día siguiente, envié a mi marido a ver cómo estaban y ya no quedaba ninguno». Carmen le aseguró que un extranjero los había adoptado pero que, por cuestiones de privacidad, le era imposible facilitarle sus datos. «La llamé llorando durante semanas y no fue capaz de decirme nada. Yo sólo pedía una foto porque sospechaba que algo había pasado».

La acusada, en cambio, niega la totalidad de los hechos. «Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas», dice, y afirma que todo se trata de un complot orquestado por antiguos trabajadores de la protectora resentidos por su despido. «Con una jeringuilla me han podido ver, pero no con producto eutanásico, sino con jarabe antiparásitos para dárselo por la boca», añade. La explicación que ofrece ante la ingente cantidad de Dolethal que encontró la Guardia Civil es que «había una oferta de dos por uno».

El próximo nueve de diciembre proseguirá el juicio con la declaración del Seprona, que encontró un escenario dantesco en el registro de Parque Animal. Mientras tanto, Carmen tiene 12 perros, entre otros animales, en su casa –en el juicio se pide que se la inhabilite para ello– y dispone aún de una caseta en la feria de Torremolinos y de los terrenos que le cedió el ayuntamiento para la labor social, que ha subarrendado, y por lo que sigue lucrándose.