El curso comienza con un déficit de 43.700 docentes

Con el regreso a las aulas vuelven a salir a la luz las deficiencias del sistema educativo y los problemas estructurales que acarrea en los últimos años, los cuales se han visto acentuados por las diferencias de criterio en la educación entre el Gobierno en funciones y las comunidades autónomas contrarias a la aplicación de la Lomloe, conocida como Ley Celaá. Uno los mayores lastres del sistema es el déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles), así como falta de recursos en los centros educativos, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores. Según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de 43.752 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

En relación a la ratio de alumnos por docente sigue creciendo. Pese a que el número de niños y niñas cada vez es menor por el descenso de la natalidad, la cifra de alumnado en la pública es la mayor de la última década, con 653.791 alumnos y una ratio de 14,94, respecto al 13,85 que se registraba en el curso 2009-2010.

Además, se mantienen altos niveles de interinidad, con una tasa media del 22,47%, una proporción muy elevada, teniendo en cuenta que, según la Ley para la reducción de temporalidad, no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025. Desde CSIF exigen la convocatoria de 84.901 plazas para reducir la temporalidad y 43.752 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

Según datos del Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit acumulado de 287,69 de euros por cada alumno en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación. Por estos motivos, el mencionado sindicato se ha dirigido por carta tanto Educación y a las comunidades autónomas para que publiquen y hagan balance de los 1.249 millones de euros procedentes de los fondos europeos, «porque consideramos que no han tenido reflejo en la mejora del sistema educativo. Nuestro sindicato cuestiona el reparto de los fondos ya que salen perjudicados los programas de acompañamiento al alumnado vulnerable (4,4 por ciento), educación inclusiva (2,93 por ciento) o bienestar emocional de los alumnos (0,4 por ciento)», afirman.

Todos estos datos que ha recabado CSIF demuestran la perpetuación de los problemas estructurales del sistema educativo español que conlleva secuelas como el fracaso escolar, el deterioro de la calidad en las aulas así como la falta de reconocimiento profesional del profesorado.

«En los últimos diez años ha descendido continuamente el porcentaje de alumnado matriculado en la educación pública (del 68,1 al 66,9), mientras que en la Formación Profesional en grado medio/superior se ha rebajado la presencia en la pública en doce puntos, del 77,1 al 65,5. Por eso, desde CSIF reclamamos al futuro Gobierno que abra un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país y un pacto de Estado que ofrezca estabilidad a nuestro sistema educativo», dicen desde el sindicato educativo.

Según ellos, este Pacto de Estado «debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de las ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre comunidades autónomas en los currículos».

A partir de ahí, insisten, se debe mejorar el reconocimiento de la profesión docente con un incremento de las retribuciones y mejora de las condiciones laborales. «En este sentido, recordamos que los docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 17 por ciento como consecuencia de la inflación y los recortes en la paga extra no recuperados del 2010».

En relación al gasto excesivo que supone para muchas familias el comienzo del curso, que es otro de los temas clave que reinvidican los sindicatos, las comunidades fomentan las ayudas para los más vulnerables y este año destinarán 366 millones a ayudas en libros, las cuales que llegarán al 70% del alumnado. Así lo constata el informe «El libro educativo en España. Curso 2023-2024», que la Asociación Nacional de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) hizo público ayer y que revela que la inversión en libros de texto en el curso pasado fue de 91,85 euros por alumno, 2,2 más que en el período 2021-2022 .