La nueva Selectividad, ante su examen final

Rectores y Educación llegan a un acuerdo para elaborar las nuevas pruebas de acceso. La «reválida» mantendrá la estructura de la actual, pero será común en todas las regiones

Se trata de una semana de exámenes, de cuatro como mínimo y ocho como máximo, de muchas horas de estudio y muy pocas de sueño, que podría tener sus días contados. Este junio se celebrará la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Así se certificó ayer después de la reunión mantenida por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Segundo Píriz. Ambos sellaron un acuerdo para la creación de una comisión mixta para perfilar la prueba de acceso a la universidad para 2017-2018. De esta forma, queda concluida la disputa que parecía avecinarse hace dos semanas, cuando los rectores solicitaron la prórroga de un año para aplicar la llamada «reválida» que, de acuerdo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada por el PP, debe entrar en vigor en la convocatoria de 2017. Desde la CRUE criticaban la «indefinición» de esta prueba, lo que crea «incertidumbre» en los más de 200.000 estudiantes que deben someterse a ella. Desde el Ministerio se negaron a esta moratoria, pues consideraban que había tiempo más que suficiente para adecuarse. Ahora, fuentes de Educación destacan el «clima cordial» con los rectores. De hecho, con su ayuda, «vamos a trazar el desarrollo normativo».

¿En qué consistirá la nueva prueba? La «reválida» está enmarcada en el sistema de evaluaciones que rige la Lomce: del mismo modo que habrá una evaluación al final de la ESO, se producirá otra en Bachillerato. Así, el artículo 37 de la ley establece que, para obtener el título de Bachiller, será necesaria la superación de esta evaluación final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato «igual o superior a 5 puntos sobre 10». La evaluación supondrá un 40% de la nota; las medias de las calificaciones de las materias cursadas en Bachillerato, el 40% restante.

«El desarrollo de la prueba será el mismo que el de la actual PAU. Los alumnos serán convocados en la propia Universidad. Lo que cambiará es el concepto de prueba», afirman en Educación. Pero, la novedad más importante es que «será una prueba común para todo el Estado, única, y no como el actual, basado en 17 selectividades distintas», en referencia a que cada comunidad autónoma tiene competencias al respecto.

«La principal fortaleza de la PAU es que permite comparar de forma homogénea a todos los estudiantes, no sólo basándose en la puntuación de cada instituto», explica a LA RAZÓN Antonio Cabrales, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III. ¿Y que habría que cambiar? «La debilidad que tiene es que es una prueba muy regimentada. Da la sensación de que los exámenes, los problemas, están demasiado estandarizados, son previsibles y no hay sorpresas. Eso es algo que a los colegios y a los estudiantes les va muy bien, pero no sirve para ver quiénes son de verdad los mejores», añade. De hecho, una de las ventajas de que la prueba corra a cargo del Ministerio y no de las Comunidades Autónomas es el hecho de que no habría regiones en las que se considera más «fácil» pasar las pruebas finales. Como explica el experto, se dan casos de padres que se las apañan para que sus hijos puedan hacer la actual PAU en determinadas comunidades autónomas.

Mérito y esfuerzo

«La actual PAU no es un examen homogéneo, ni en fechas ni en nivel de exgencia ni en contenidos, en las diferentes comunidades autónomas», dice David Sanz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila (Ucav). En su opinión, la reforma será positiva «en cuanto que recupera la antigua reválida de Bachillerato. De esta manera, creo que permitirá comprobar que los alumnos han adquirido las competencias y los conocimientos referidos. Por todo ello, creo que sí favorecerá el esfuerzo y el mérito de los estudiantes», concluye.

«Soy partidario de las reválidas. Según los informes Pisa, los países de la OCDE que las hacen muestran una diferencia de unos 17 puntos con respecto a los que no las hacen», afirma el senador del PP Luis Peral. «Desde la izquierda política y pedagógica se ha intentado criticarlas y degradarlas. Durante muchos años, la izquierda defendió el rigor en la educación, hasta que defendió la pedagogía comprensiva, apartándose de la escuela republicana francesa, basada en el mérito, la exigencia y el rigor», añade.

Peral recuerda un punto importante de la Lomce: «Deja la puerta abierta a que las universidades establezcan sus propias pruebas». Y así es. Como reza el artículo 38, los centros «podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado». Y, además, «de forma excepcional», podrán «establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o competencias».

«Sería muy positivo que las universidades tengan más libertad a la hora de decidir los criterios para la admisión de los alumnos», dice David Sanz. Y es que se trata de una de las actuales debilidades de la PAU señaladas por los expertos. «Lo que sí es un problema es que algunas universidades preferirían utilizar un baremo distinto, dar más peso a una asignatura, menos a otra... y a día de hoy no se puede», dice Cabrales.

Un ejemplo: si un estudiante quiere matricularse en Economía, actualmente no tienen más peso en las pruebas finales las matemáticas de Ciencias que las de Ciencias Sociales, algo que a las Facultades les podría interesar. «Las universidades no tienen autonomía suficiente en los exámenes», finaliza Cabrales.

Otra huelga de los estudiantes

«Una bajada de pantalones». Así califica el Sindicato de Estudiantes la actitud de la CRUE a la hora de estudiar conjuntamente la futura evaluación previa al acceso a la Universidad. En su opinión, de esta forma se «avalan» las reformas del PP «para hacer una universidad cada vez más clasista». Por ello, el Sindicato ha llamado a la huelga a los estudiantes para los próximos días 13 y 14, y ha pedido a los rectores de las universidades públicas que «se pongan a la cabeza de la movilización».