Los cambios en las cotizaciones sociales pueden provocar pérdidas de 300 millones al sector educativo

La Razón
La RazónLa Razón

Representantes de la educación privada y concertada han mostrado su preocupación y cautela ante el Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que supondrá un incremento en los pagos a la Seguridad Social del 31%. Reclaman que el Gobierno escuche las reivindicaciones del sector y recomiendan a los centros educativos "esperar y calcular minuciosamente el nuevo escenario de cotizaciones mientras se clarifica la nueva situación".

En una mesa redonda organizada por la consutora Argos, estos centros estimaron que la medida podría provocar pérdidas para el sector de 300 millones de euros. Según cálculos realizados por la CECE y otras patronales del sector, la medida podría suponer para un colegio medio de unos 80 trabajadores un incremento en los costes salariales de entre 75.000 y 95.000 euros adicionales.

Juan Carlos Vilar Manzanero, consejero delegado de Argos, señaló que "mientras se clarifica la situación, los colegios tienen que hacer sus deberes y hacer sus cálculos de lo que podría costarles la medida". manzanero estuvo acompañado por Mariano Torija, miembro del departamento jurídico de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); Domingo Carbajo Vasco, Inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria; y la abogada laboralista Isabel Muñoz Vega.

Entre las principales conclusiones del encuentro , los ponentes estuvieron de acuerdo en que la medida del Gobierno es "formalmente correcta"aunque "se ha realizado sin diálogo social y está concebida para suplir un déficit presupuestario. Si bien con la misma también se tratan de corregir situaciones irregulares y problemas técnicos relacionados con las exenciones en los pagos en especie".

Sin embargo, criticaron que a la hora de emitirla, "no se ha tenido en cuenta las especificidades del sector educativo ni ha calculado el impacto que la medida supondrá para los centros privados y concertados. El propio Ministerio de Educación se ha visto "descolocado"por las consecuencias de la normativa".

Otro de los problemas generados por la medida es que "la nueva normativa abre la puerta a que trabajadores de un mismo centro educativo de la misma categoría y antigüedad tengan bases de cotización distintas y gastos salariales absolutamente dispares en función de su situación familiar. Estas diferencias pueden derivar en un incremento de la conflictividad entre trabajadores. El Decreto Ley puede generar tensiones sociales, y problemas en las futuras negociaciones de los convenios colectivos", indicaron. Más concretamente, añadieron, "castiga a las familias numerosas y puede condicionar las contrataciones de profesores y personal en los colegios, ya que los trabajadores sin hijos tendrán un menor coste laboral asociado".

Por ello, reclamaron que el Gobierno recapacite y solicitaron una renegociación y cambios que suavicen la norma y atenúen el impacto sobre los centros. Además, trasladaron que se ha creado una situación de incertidumbre acerca de quién debe asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales. "En el caso de los colegios concertados, el sector entiende que el coste adicional debería ser soportado por las Consejerías de Educación, una partida que no figura en sus presupuestos y que afectará negativamente a su situación presupuestaria". Por ello, finalizan, "la recomendación final es que los colegios "esperen"próximos acontecimientos. Mientras tanto, deben calcular muy bien las implicaciones e identificar y valorar con precisión las retribuciones y los costes salariales asociados a su personal".