Rechazo mayoritario del sector educativo a la nueva duración de los grados

La comunidad educativa ha expresado hoy de forma mayoritaria su rechazo al real decreto del Gobierno que permite a las universidades ofertar grados de entre tres y cuatro años y másteres de entre uno y dos años. Los rectores y los estudiantes universitarios han convocado para el próximo lunes sendas reuniones para analizar en profundidad esta reforma, que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) considera inoportuna.

Además, la Crue cree que ofrecer un modelo distinto de duración de grados y másteres puede contribuir a "un mayor desequilibrio"en la oferta de titulaciones universitarias. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha anunciado hoy movilizaciones y la convocatoria de una "gran huelga"de 48 horas contra la reforma aprobada por el Ejecutivo por considerar que va a convertir el título universitario en "papel mojado"en el mercado laboral.

"Si se atreven a aprobar esto, que sepa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que nos va a tener enfrente, que la juventud se va a levantar", ha avisado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García. En un comunicado conjunto, CCOO, UGT, CSIF y Confederación Intersindical Gallega (CIG) han rechazado la reforma, que no ha tenido "debate político ni social"y han considerado que el Ejecutivo pretende "convertir las universidades en empresas de servicios educativos".

La organización sindical de la enseñanza pública ANPE también ha criticado la reforma por su "precipitada"puesta en marcha "cuando aún no ha culminado el proceso del Plan Bolonia"y porque no ha contado con un pacto de toda la comunidad educativa. Una de las voces más críticas con la reforma ha sido la del secretario general del PSOE en el Senado, Óscar López, quien ha opinado que la propuesta del Gobierno "persigue ahondar en la brecha social de desigualdades", dificultando ahora la enseñanza superior, reduciendo calidad y recursos y favoreciendo a las universidades privadas.

El PSOE ha anunciado que pedirá al ministro de Educación que explique en el Senado su "aberrante"reforma universitaria, y le ha acusado de ser tan "corrosivo"para la educación como la aluminosis para los edificios. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que va a proponer a la comunidad universitaria andaluza "no aplicar"la reforma universitaria "porque devalúa lo público y perjudica a los estudiantes".

Por el contrario, entre las comunidades gobernadas por el PP, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha defendido la necesidad de abrir las universidades españolas al mundo para "mejorar su nivel"y convertirse en referente internacional para los hispanohablantes. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha apostado por dar estabilidad al sistema educativo, tanto a la educación universitaria como a la obligatoria, sobre todo después de que haya habido "cambios excesivos"en el sistema a lo largo de los años.

Asimismo, desde Cataluña, el secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Antoni Castellà, ha valorado la aprobación del real decreto y ha subrayado el hecho de que incide en la flexibilidad del sistema universitario. Sin embargo, los rectores de las universidades catalanas, excepto el de la Universidad Pompeu Fabra, ven "inoportuno", "prematuro"y "precipitado"reformar la duración de los grados universitarios porque aún no han completado la anterior reforma que redujo a cuatro años algunas licenciaturas ni se ha evaluado aún el actual sistema.

El rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, ha afirmado que, "en el entorno de los rectores", el real decreto es considerado como "un despropósito"por ser "extemporáneo"y por implantarse sin contar aún con evaluaciones de calidad del sistema actual. La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha opinado que "no es el momento"de plantear la aplicación de nuevos sistemas de ordenación de enseñanzas.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), Jesús Pastor, ha señalado que los rectores valencianos aplican "el principio de la prudencia"ante la reforma universitaria del Gobierno. El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Daniel Hernández Ruipérez, ha anunciado que la Comisión de Docencia hará un estudio sobre los problemas que generará el decreto, que permite a las universidades reducir la duración de los grados a tres años, y las decisiones estratégicas que debe tomar la Universidad.