El caso de la niña de Palma: ni «bullying» ni lesiones graves

El fiscal de Baleares pone fin a la polémica sobre la agresión a una niña de 8 años y dice que no hay coincidencia entre el parte médico «de consideración leve» y el difundido por la familia.

Era la hora del recreo y un grupo de niños jugaba al fútbol en el patio del colegio público Anselm Turmeda de Mallorca. La niña acababa de meter un gol con el consiguiente enfado de sus contrincantes. Su equipo iba ganando cuando sonó el timbre que advertía a los alumnos de la vuelta a las clases. La niña se apoderó de inmediato de la pelota satisfecha porque su equipo había ganado y con la intención de evitar un cambio de último momento en el resultado del partido. A partir de aquí hay dos versiones en la secuencia de los hechos ocurridos a la niña agredida el pasado miércoles 5 de octubre a las 11 de la mañana: los que han declarado que en el barullo de retorno a las clases la niña tropezó y cayó al suelo; y los que opinan que, por el enfado del equipo perdedor, hubo quien empujó a la menor y ésta cayó al suelo.

Tras el incidente, ese día la niña continuó con sus clases y, ya por la tarde, la familia acudió a un centro hospitalario para que examinara a la pequeña. «La tiraron al suelo en el recreo, la inmovilizaron y empezaron a darle patadas por todo el cuerpo» y, como consecuencia de los golpes, la pequeña, «tiene desprendimiento de riñón, fisura de costillas y contusiones en el pie y el codo», relató la familia. Ayer, el caso fue zanjado por el fiscal de Baleares, Bartolomé Barceló, al asegurar que ni hubo acoso ni lesiones graves a la niña, pese a lo que se suponía una brutal agresión a la menor que tanto impacto social y mediático ha causado durante las últimas semanas.

La versión de la familia sobre las supuestas lesiones que sufrió la pequeña fue puesta en entredicho por el fiscal balear. «Según los diferentes partes médicos hasta ahora emitidos, no revisten sino la consideración de leve, sin coincidencia alguna con muchas de las afirmaciones al respecto surgidas en los medios de comunicación y que pueden suponer matices muy importantes en cuanto a lo sucedido». De hecho, el fiscal añade que precisamente la versión de la familia, que no se corresponde con las averiguaciones del fiscal, «pueden estar produciendo una efectiva afectación de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los posibles menores implicados, ya se trate de perjudicados, presuntos responsables o terceros que de otro modo puedan verse afectados por dichas noticias».

El fiscal desmiente que sea «bullying»

El fiscal también desmintió que se tratara de un caso de «bullying», aunque la familia asegurara que desde hacía un año venía denunciando acoso. De hecho, concluye que no se trata de un acto por inquina personal contra la niña. «Se trata de un hecho puntual», dijo a la televisión balear. Lo mismo que días antes había comentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El consejero de Educación y Universidad de Baleares, Martí March, también aseguró no contar con ningún tipo de denuncia ni queja por acoso en el centro. Más aún, días después de que estallara la polémica, mostró su apoyo al centro «porque realmente están trabajando en unas condiciones difíciles, en una barriada complicada y, por tanto, hay que poner en valor lo que estaba haciendo», dijo en su defensa. Además, destacó que el colegio Anselm Sureda «es seguro y nunca había pasado un hecho de estas características».

Mientras, la familia de la víctima –que no contestó a las llamadas de este periódico– ha insistido en pedir la expulsión de los presuntos agresores de la escuela. También había pedido una orden de alejamiento y aseguró haber recibido amenazas de los padres de los agresores.

La Fiscalía, no obstante, arremetió ayer contra los medios de comunicación, a los que pidió mayor «rigor y mesura» en los temas relacionados con menores. El fiscal lamentaba que se haya generado una corriente de opinión basada en una única versión, la de la familia, «sin un contraste mínimo de todos o algunos de los posibles elementos necesarios para su consideración real». Pero lo cierto es que consejería de Educación, profesores y centro han optado por el mutismo en todo momento, lo que ha permitido conocer únicamente la versión de la familia sobre lo ocurrido.

Con respecto a los profesores, la consejería de Educación hizo una profunda revisión de sus horarios, ya que la vigilancia del recreo es considerada como hora lectiva. Así se constató que, según en el cuadrante expuesto en la sala de profesores del centro escolar, había dos docentes vigilando el patio el día de la supuestaagresión. Educación descarta, por el momento, emprender medida alguna contra los profesores. Tampoco son exactamente doce niños los que se vieron implicados en la agresión.

De momento, se han identificado a 5 niños de hasta 12 años que estaban en el momento de producirse los hechos, pero el resto asegura haberse acercado a la menor momentos después. Una vez que concluya la investigación, y una vez que se ha descartado por el fiscal que existiera delito alguno por parte de menores de 12 años que, además, son inimputables, el director del centro se planteará la posiblidad de imponer sanciones educativas que pasan por la expulsión del menor o los menores implicados o incluso el traslado de centro.

Quien sí se marchará del Anselm Turmeda será la menor agredida. La Consejería de Educación ha adoptado esta medida después de que la familia trasladara su deseo de que la niña no quiere volver al mismo centro escolar. De hecho, se buscará una opción más próxima a su lugar de vivienda habitual, ya que el centro en el que se produjo la agresión queda muy alejado de su casa.