El Congreso aprueba paralizar la Lomce sin esperar al pacto educativo

El PP sufre su primer rechazo por parte de la mayoría de grupos parlamentarios, que aprobaron iniciar los trámites para retirarla. El ministro de Educación advierte de que no tendrá consecuencias jurídicas a corto plazo.

«Por tercera vez se ha aprobado la derogación de la Lomce. Podemos acabar entrando en un bucle temporal», afirmaba ayer Joan Olóriz, de ERC. «A una ley educativa le sigue otra. Y, para eso, era necesaria una alternativa de gobierno», decía ayer por su parte Javier Sánchez, de Unidos Podemos. Los propios grupos parlamentarios que ayer votaron en el Pleno del Congreso de los Diputados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) reconocían el escaso recorrido que tendría su votación. Ayer, el PSOE presentaba su proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la actual legislación educativa. Una iniciativa que, según fuentes parlamentarias, cuenta con poco recorrido, incluso habiendo salido adelante con 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones. El PP y el Foro Asturias fueron los únicos que votaron en contra. Además del PSOE, se mostraron a favor Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el Partido Demócrata Catalán. Se trata de la primera votación del Congreso en la que la mayoría de partidos se suman en contra del PP.

Los obstáculos son varios. La Lomce es una ley orgánica y, como tal, sólo puede ser derogada por otra de la misma categoría, por lo que su suspensión, a día de hoy, es impensable. Una vez aprobada la proposición socialista, debería iniciarse una tramitación ordinaria como proyecto legislativo, lo que conduciría a una presentación, debate y votación de enmiendas parciales en la Comisión de Educación. Todo este proceso podría prolongarse a lo largo de meses, durante los cuales no se puede suspender una ley vigente que tiene, además, un impacto directo en el currículo escolar de más de cinco millones de alumnos. Además, próximamente se constituirá una subcomisión en la Cámara Baja con el objetivo –muy complicado– de obtener un pacto de Estado educativo con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Además, para el 28 de noviembre está prevista la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, en la que el ministro Íñigo Méndez de Vigo planteará a los consejeros regionales la estructura de las llamadas «reválidas».

Precisamente, estas pruebas finales constituyeron ayer el principal objetivo de los grupos políticos que votaron en contra del Gobierno, a pesar de los cambios anunciados el pasado 28 de octubre por Mariano Rajoy. Estas pruebas no tendrán efectos académicos –sólo orientativos– para conseguir los títulos de ESO y de Bachillerato, y sólo puntuará para acceder a la Universidad, llamándose Prueba Final de Bachillerato. Ayer, el ministro Méndez Vigo dio un paso más al asegurar que esta ausencia de valor académico de las pruebas constará «por decreto ley». Y así se mantendrá hasta que no se alcance un pacto de todos los partidos en materia educativa.

Manuel Cruz, del grupo socialista, mostró en su comparecencia el interés de su partido en obtener «un pacto entre todos» y un «acuerdo histórico», pero fundamentó su intención de suspender el calendario de la Lomce en la «asfixia» y «desamparo» en que la ley ha sumido a la comunidad educativa.

Para la portavoz del PP Sandra Moneo, la propuesta del PSOE va encaminada a crear un «debate bronco» en torno al modelo educativo y nace con la intención de «subir al cadalso a una ley educativa aprobada por la mayoría de esta cámara» y que, entre otros puntos, ha dotado de «autonomía a los centros» y ha reforzado «la figura del profesor». Del mismo modo, recordó que paralizar la Lomce supondría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros, provenientes de Fondos Europeos. «No es una iniciativa sostenible. La ley está ya implantada en Primaria, Secundaria y Bachillerato. ¿Bajo qué ley estudiarán nuestros alumnos? ¿Con la LOE, que ya fue derogada? ¿Qué titulos les damos?», preguntaba ayer Moneo a la Cámara. Por todo ello, manifestó la intención del Gobierno de «no dejar a nadie fuera» dentro del pacto. «Hace falta el acuerdo de todos, incluido el PP, avalado por casi ocho millones de personas», concluyó.

«La proposición de ley del PSOE no tiene efectos jurídicos inmediatos», afirmó por su parte Méndez de Vigo. Y, en todo caso, supondría «un largo procedimiento que llevaría a la modificación de una ley jurídica».

En lo que respecta al decreto ley sobre las reválidas, el ministro de Educación afirmó que constituye un «gesto de voluntad de diálogo por parte del Gobierno». Además, adelantó que este texto, que tendrá que convalidar el Congreso, estará aprobado previsiblemente en las «primeras semanas de diciembre» y «entrará inmediatamente en vigor».