El Consejo de la Juventud promete ahora ser «austero»

Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), ha utilizado las redes sociales para movilizar a todos los grupos de izquierda para que apoyen su causa. El plan de la reforma de las administraciones públicas aprobado el pasado mes de junio en Consejo de Ministros establecía que el CJE deberá integrarse en el departamento ministerial correspondiente, lo que supondría un ahorro de 4,3 millones en tres años. Ante esta decisión, Ibarra comenzó a principios de semana una campaña en busca de apoyos que ha intensificado en las últimas 48 horas y que espera prolongar a lo largo de septiembre.

El primer paso lo diero ayer con la entrega en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de 150 firmas de apoyo dirigidas a la titular del Ministerio, Ana Mato. Además, Ibarra envió mensajes a los sindicatos, al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a destacados periodistas para que debatan sobre el posible cierre de la institución. Algunos de estos activistas de izquierda no tardaron en demostrar su apoyo. Varias delegaciones del PSOE (incluido el miembro de la ejecutiva nacional Pedro Zerolo) y Comisiones Obreras no tardaron en ponerse de su lado. Lo cierto es que todavía no está tomada la decisión sobre el futuro del Consejo.

El próximo 4 de septiembre está previsto un encuentro entre Ibarra, el secretario de Estado de Asuntos Sociales y el director del Injuve para tratar de acercar posturas. La intención es que el Consejo se traslade al edificio del Injuve y adelgace su estructura. En un primer momento, los máximos representantes del Consejo no compartieron esta iniciativa ya que catalogaron de «erróneo» el informe en el que se basa el Ejecutivo para estudiar la integración e insisten en que «el CJE es una plataforma independiente formada por organizaciones juveniles mientras que el Injuve es un órgano de gobierno que presta servicio a la juventud». Sin embargo, el CJE es el único caso de la Administración en el que un organismo que representa a la sociedad civil forma parte de la Administración General del Estado y, por tanto, recibe una partida presupuestaria procedente de las arcas públicas.

Aunque a jucio de Ibarra el CJE no es deficitario, ayer reconoció que están trabajando para aprobar un presupuesto más austero. Y es que la partida de gastos en viajes durante los dos últimos años ascendió a 900.000 euros, un derroche denunciado por LA RAZÓN. «Estamos abiertos a plantear cambios e incluso hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar las medidas», indicó. Además, Raúl Almarcha, responsable de la Comisión Especializada de Educación Integral en el Consejo, añadió que «si otras políticas fundamentales están siendo recortadas, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de austeridad».