El doctor Morín volverá al banquillo a finales de enero

Se visualizará el reportaje de la televisión danesa grabado con cámara oculta. Fue absuelto en 2013 por practicar supuestamente 89 abortos ilegales

El doctor Morín y su mujer María Luisa Durán
El doctor Morín y su mujer María Luisa Durán

Se visualizará el reportaje de la televisión danesa grabado con cámara oculta. Fue absuelto en 2013 por practicar supuestamente 89 abortos ilegales

El polémico y controvertido doctor Carlos Morín volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 29 de enero, acusado de la práctica de no pocos abortos realizados, presuntamente, al margen de la ley. El juicio se celebrará en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona y, en principio, está previsto que se prolongue hasta el 31 de marzo, con sesiones de lunes a jueves. El primero de esos días se dedicará a las cuestiones previas que planteen las partes, según consta en la providencia de la Sala, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La celebración de este juicio se produce como consecuencia de la sentencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Supremo el 5 de noviembre de 2013, por la que anuló la resolución de la Audiencia de Barcelona en la que absolvió a Morín y a otros diez acusados de haber practicado supuestamente 89 abortos ilegales durante 2007 en dos clínicas de Barcelona de Morín. Es decir, se sentará en el banquillo 15 meses después de que el Supremo ordenase repetir la vista.

En el nuevo juicio se podrá visualizar el reportaje que realizó con cámara oculta la televisión pública danesa en el que se venía a desprender, presuntamente, la comisión de esos abortos ilegales, y de cómo era algo que se admitía desde la propia clínica del doctor Morín. Y, junto a ello, tal como ordenó el Supremo, tendrá que declarar la periodista que realizó el citado reportaje, prueba testifical que rechazó la Audiencia de Barcelona en el primer juicio.

En este sentido, el auto de la Sala señala que la mencionada grabación muestra solamente dependencias de la clínica Ginemedex, propiedad de Morín, a las que puede acceder cualquier persona; y, en cuanto al contenido, «se trata de un pseudo-entrevista al acusado Morín, en la que éste, sin saber que está siendo grabado con una cámara de vídeo, hace una serie de manifestaciones de carácter genérico en que se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en la clínica que dirige».

Las acusaciones, sin embargo, discrepan de esta interpretación tan «laxa» y entienden que en ese reportaje hay claros indicios que vendrían a avalar la práctica de abortos ilegales en la clínica de Morín. Y, de hecho, la denegación de esa prueba en la primera vista oral fue lo que determinó uno de los argumentos centrales del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Una prueba de poca relevancia

La Sala, además, destaca que, desde un planteamiento estricto de proporcionalidad, «aparecen dudas sobre la procedencia de utilizar el reportaje en el seno de un proceso penal», y que, en todo caso, resulta «dudoso que el método utilizado sea idóneo» para conseguir información «sobre las prácticas habituales de la clínica, porque no podría ser sobre otra cosa»; e, igualmente, los magistrados también dudan de la necesidad de que esa prueba, la visualización del reportaje, se practique en el juicio oral, «ya que el contenido de las manifestaciones del Sr. Morín tiene escasa relevancia o directamente no aporta ninguna infomación sobre ninguno de los casos concretos de interrupción voluntaria de emabarazos sobre los que se basan las acusaciones».

Pese a todas esas «dudas», la Sala admite la prueba por razones de «necesidad y racionalidad» de la misma, «en relación a la escasa afectación de derechos fundamentales, y, sobre todo, frente al estatus jurídico de las partes acusadoras», quienes tienen derecho a utilizar todos los medios de pruebas que consideren convenientes. Como consecuencia de admitir esa prueba videográfica, se adopta la misma decisión respecto a la periodista que realizó el reportaje que escandalizó a la opinión pública.

Esta declaración, que fue rechazada por la Audiencia de Barcelona en el primer juicio, fue ordenada por el Supremo en la sentencia donde ordenaba repetir el juicio, y, entre otros argumentos, destacaba que «nada tiene que ver el interés del Estado en infiltrar a un agente encubierto en una organización delictiva con el fin de obtener pruebas de su actividad criminal, y la búsqueda por parte de periodistas de la información precisa para respaldar un reportaje televisivo».

En ese sentido, el Supremo dejaba claro que los informadores no se infiltraron en la estructura administrativa de la clínica de Morín, «ni indujeron a la práctica de un aborto por el que luego se haya exigido a aquél responsabilidad criminal».

El caso del doctor Morín se remonta al 29 de octubre de 2006, día en el que la televisión pública danesa emitió el reportaje que destapó el caso. Al día siguiente la Generalitat abrió una investigación que acabó, en 2007, con Carlos Morín, su mujer, María Luisa Durán, y una empleada en prisión. Sin embargo, al año siguiente los tres acusados fueron puestos en libertad con cargos a la espera del juicio. La Fiscalía pedía entonces 309 años para Morín, una petición de condena que rebajó a 273 años. Pero, a pesar del polémico y controvertido caso, el 31 de enero de 2013, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una resolución inesperada al absolver a todos los imputados de un caso que ha dado la vuelta a Europa. En noviembre de hace dos años, el Supremo anuló el dictamen de la Audiencia Provincial de Barcelona, obligando por tanto a repetir el juicio.