El «doctor muerte»: «Todo lo que he hecho está bien»

Morín vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por 89 abortos.

Morín vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por 89 abortos.

El controvertido doctor Carlos Morín, su esposa, María Luisa Durán, y otros 10 acusados, vuelven hoy al banquillo de los acusados para responder por 89 abortos que la Fiscalía consideran que se practicaron al margen de los supuestos contemplados por la Ley. Lo hacen dos años y dos meses después de que el Tribunal Supremo anulase la absolución que decretó la Audiencia de Barcelona y ordenase repetir el juicio porque se «menoscabó el derecho de aportación probatoria del fiscal y las acusaciones populares».

El Dr. Morín vuelve al banquillo sin mostar signo alguno de arrepentimiento sobre ninguno de los abortos practicados en su largo historial como médico abortista. «Todo lo que he hecho ha estado bien, 35 años como médico me avalan», manifestó a LA RAZÓN el polémico ginecólogo. Morín aseguró que acudirá hoy al juzgado a pesar de su delicada salud. «Estoy en prediálisis, he tenido dos trombosis cerebrales y mi estado de salud no es bueno», dijo. Su abogado, Fernando Martínez, utilizará como argumento su maltrecha salud para evitar que Morín acuda a las sesiones del juicio durante los próximos meses.

El Supremo obliga a que se repita el juidio pues algunas pruebas que podían ser relevantes no fueron admitidas por la Sala. En concreto, las declaraciones testificales de los cinco periodistas de la televisión pública danesa y uno británico del «Daily Telegraph» y del «Sunday Telegraph» que participaron en la elaboración de reportajes sobre la práctica abortiva ejercida en alguna de las clínicas que se investigaban; así como la prueba documental consistente en la reproducción de los reportajes con cámara oculta realizados por dichos periodistas.

Además, el Supremo apreció que la negativa del Tribunal que juzgó en primera instancia a Morín y los demás a dar lectura a las declaraciones sumariales prestadas por los imputados con asistencia letrada, «supone una merma de la capacidad de aportación probatoria de la parte que así le interesa y con ello se limitó de forma injustificada un juicio de contraste que puede resultar decisivo para la valoración de la credibilidad del imputado que está siendo interrogado». De esta forma, cuando un acusado se niega a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal durante un proceso judicial «no excluye la posibilidad al alcance de la acusación de interesar la lectura de las declaraciones prestadas en fase sumarial».

Esta decisión es sumamente importante para el caso porque durante la instrucción una testigo protegida admitió la existencia de las trituradoras en las clínicas. Por otro lado, el Tribunal que debe juzgar a Morín ha rechazado su petición de que más de un centenar de mujeres que abortaron en sus clínicas no tuvieran que acudir a declarar a la vista y que fuese suficiente la reproducción de la videográfica del testimonio que prestaron en el primer juicio.

la Sala señala que, para haber accedido esa petición, era imprescindible el acuerdo de todas las partes, lo que no ha sucedido, pues tanto el fiscal como las dos acciones populares se negaron de plano a tal posibilidad.

A la vista de la sentencia del Tribunal Supremo, hay «razones muy fuertes para concluir un mandato a este tribunal de la necesidad de la práctica de la prueba testifical con la presencia personal de las testigos». Lo contrario, se añade, sería arriesgarse a una nueva anulación de la sentencia.