El fiscal califica de «atentado» los efectos de la talidomida

El Pleno del Supremo delibera y falla hoy si Grünental Pharma tiene que indemnizar a los afectados por el principio activo que patentó.

Los efectos causados por la talidomida constituyen un «atentado muy grave a los derechos humanos en el ámbito internacional, principalmente los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y moral». Quien sostiene tan rotunda afirmación es ni más ni menos que la Fiscalía del Tribunal Supremo en su informe en el que solicita que se revoque la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a la farmacéutica alemana Grünenthal, que patentó el principio activo de la talidomida, y anuló las indemnizaciones que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid había fijado en 2013 para los afectados de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).

El pleno de la Sala Civil del Supremo deliberará y fallará hoy sobre los recursos interpuestos contra la mencionada sentencia, donde uno de sus argumentos para anular las indemnizaciones a los afectados fue considerar que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de 50 años. Una sentencia que será histórica, porque decidirá si las demandas por el daño causado por estas pastillas, que se recetaban a las embarazadas para combatir las náuseas (y que producía que los bebés nacieran con extremidades reducidas, manitas en forma de aletas, malformaciones en ojos, oídos y riñones...), están fuera de plazo.

Para los afectados y para el Ministerio Público está claro: el delito no ha prescrito porque se trata de un daño extracontractual (15 años para que prescriba). En este sentido, la Fiscalía discrepa en su informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, de la interpretación de la Audiencia de Madrid y de los razonamientos de la farmacéutica, y recuerda que «no es sólo que debería contarse el inicio de la prescripción desde el Real Decreto de 2010, sino a lo mejor del acto de pedir perdón en el año 2012 reconociendo su culpa, pero no queriendo indemnizar por su conducta, lo que nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad».

Pero ese mismo año, 2012, hubo algo más. El Informe Heidelberg, subvencionado por la Fundación Contergan (del laboratorio alemán), concluía que habían detectado nuevos efectos del principio activo de la talidomida sobre la salud. De ahí que «a los afectados alemanes les multiplicaran por siete las indemnizaciones. Y sin embargo, en España dicen que ese documento no vale porque es generalista», manifestó Ignacio Martínez, abogado del Avite. Y es que en nuestro país, según explicaron en su día fuentes próximas al laboratorio, la Fundación ha indemnizado a diez, y sólo a dos, según Avite, muy pocas en cualquier caso teniendo en cuenta que el Gobierno ha dado ayudas a una veintena de afectados. De ahí que el Fiscal recuerde que «llama poderosamente la atención que en esas fechas llega a acuerdos y transacciones con los afectados por la talidomida en Australia y en España no; esto es un contrasentido en un mundo global y las víctimas de la talidomida en Australia no pueden recibir mejor trato que las de España».

Sin prescripción

Así, las demandas presentadas no pueden considerarse prescritas, por lo que, a juicio de la Fiscalía, la Audiencia incurrió en error en la valoración de la prueba que debe llevar a revocar la sentencia y dictar otra donde se reconozca el derecho de las víctimas a ser indemnizadas, como se fijó en primera instancia. Además, antes de las resoluciones del Imserso, en las que se reconocieron las ayudas a los afectados, éstos «carecían de un elemento necesario para demanda», por lo que no puede ser sino desde ese momento cuando, en todo caso, se inicia el plazo para el cómputo de la prescripción.

La Fiscalía no sólo sostiene en su informe que no pueden considerarse prescritos los hechos, sino que va más allá y califica lo sucedido con la talidomida como «hecho extraordinario y catastrófico» y un «gravísimo atentado contra la salud de la humanidad». Es decir, da la razón a la jueza Gemma Susana Fernández, que en 2013 condenó a la farmacéutica a pagar 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía a cada afectado, sentencia que fue anulada en octubre de 2014 por la Audiencia de Madrid al considerar que los hechos ocurridos hace más de 50 años habían prescrito. «Confiamos en que hoy haya justicia, espero y creo que sí, tras tantos años de espera», afirmó José Riquelme, presidente de Avite.