Los padres catalanes piden que el Pacto vele por el castellano

El TSJ de Madrid esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las ayudas para escolarizar en la lengua materna.

Los padres catalanes ven amenazada la escolarización en castellano en Cataluña y el modelo implantado con la Lomce que indemniza con 6.000 euros este curso a 70 padres el coste de un colegio privado al comprobar que ningún centro público de la localidad en la que residen se garantiza que sus hijos estudien en una proporción razonable (el 25% de las clases) en castellano además de en catalán. El Estado descuenta el importe a su vez a Cataluña de los fondos de la financiación autonómica que le corresponden, tal y como prevé la Lomce.

Después de que el Gobierno haya dado marcha atrás con las reválidas, los padres catalanes temen ahora que la escolarización en castellano en comunidades con lengua cooficial y, en concreto, en Cataluña, quede fuera del pacto educativo que se gestará en el Congreso de los Diputados en el marco de una subcomisión específica para este fin.

«Haremos llegar al Congreso nuestra inquietud, porque no se puede acordar una educación que no respete los derechos lingüístico de los escolares», dijo a LA RAZÓN el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja.

El lunes, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell Ruiz, abogó por la derogación total de la Lomce y la supresión de la obligación de pagar 6.000 euros a las familias que quieran estudiar en castellano en Cataluña durante la celebración de la Conferencia Interterritorial de Educación. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, contestó que «se podría estudiar en la subcomisión que buscará un acuerdo para alcanzar un pacto educativo.

Ayer, la Generalitat volvió a poner sobre la mesa el asunto a través del portavoz parlamentario del PDECat, Francesc Homs, quien apuntó que el Gobierno podría demostrar que busca un acercamiento eliminando la disposición adicional de la Lomce que obliga a la Generalitat a financiar la educación sólo en castellano de las familias que así lo pidan. Concretamente, Homs reclamó, que el Gobierno incluya esa derogación en el decreto que rehará para revertir algunos puntos de la Lomce tras el acuerdo alcanzado el lunes con las autonomías.

En su opinión, «si hay voluntad de diálogo, esas medidas que son un ataque a la inmersión lingüística se podrían eliminar». Mientras, los tribunales siguen trabajando. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó un recurso de la Generalitat y evitó una resolución de fondo sobre el procedimiento de las ayudas de 6.000 euros para escolarizar en castellano que prevé la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa hasta que se resuelva el recurso y el conflicto de competencias presentados por el Ejecutivo catalán ante el Constitucional.

La providencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo, a la que tuvo acceso Ep, atiende la petición de suspensión hasta que el TC resuelva el conflicto, «debiendo informarse sobre el estado de sendos procesos constitucionales cada tres meses».

El TC admitió a trámite en abril de 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Lomce y en noviembre de ese mismo año un conflicto positivo de competencias por la disposición de la ley que regula el reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización en castellano.