La Junta considera las agresiones a profesores un «riesgo inherente» a su profesión

Recibir un puñetazo en la cara y un golpe con una grapadora son «accidentes inherentes a la profesión», según un informe jurídico de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) denuncia, en un comunicado, que la Junta de Andalucía considera la agresión a un docente como un «accidente», y que recibir un puñetazo en la cara y un golpe en la cabeza con una grapadora son «especificidades y riesgos inherentes a la profesión». Según el sindicato, son los argumentos que la asesoría jurídica de la Consejería de Educación expuso en un juicio en el que se le reclamaba a la administración que indemnizase al docente agredido como responsable civil subsidiario.

Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía APIA exigen la inmediata dimisión de Doña Gracia Gómez García, Letrada de la Junta de Andalucía y Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, y la comparecencia de la Consejera de Educación Doña Sonia Gaya Sánchez para que dé cuenta públicamente de las actuaciones en materia de asesoramiento y defensa del profesorado andaluz de la enseñanza pública que haya sido víctima de agresiones en el desempeño de su trabajo.

Los hechos se remontan a la brutal agresión sufrida por un profesor de enseñanza secundaria el 3 de febrero de 2016 en un instituto de Jaén; según consta en la sentencia del Juzgado de Menores de Jaén, un alumno se dirigió al citado profesor y le amenazó diciéndole entre otras expresiones “...Te voy a cortar la cabeza,... ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia”; posteriormente –sigue la sentencia– en la Jefatura de Estudios el menor propinó un puñetazo en la cara a dicho profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión y ansiedad, lesiones que curaron con la primera asistencia facultativa en 22 días, dos de los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

Tras la correspondiente denuncia y diversas actuaciones, el 20 de septiembre de 2016 el Juzgado de Menores de Jaén condenaba al agresor, un menor con una dilatada trayectoria de conflictos con profesores y otros alumnos, a un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico y, en materia de responsabilidad civil hacia el profesor agredido, a hacer efectiva la cantidad de 1.580,48 € a pagar por el menor y sus representantes legales.

Tiempo después, habida cuenta de que los representantes legales del agresor no abonaron el concepto por responsabilidad civil, declarándose insolventes, los servicios jurídicos de APIA trasladaron el abono de ésta a la propia Junta de Andalucía, responsable en última instancia del marco laboral donde tuvieron lugar las agresiones.

El pasado 5 de octubre tuvo lugar una vista judicial en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla en la que comparecieron los representantes legales del profesor y de la Junta de Andalucía. Los argumentos esgrimidos por la Junta en dicha vista es lo que ha motivado que los profesores exijan, a través de un comunicado, el cese inmediato de Gracia Gómez García, responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación.

Según denuncian los profesores, el informe presentado por la Junta para evadir el abono de esta idemnización incluye «afirmaciones vergonzosas que no tienen justificación». La Junta argumentó que la agresión es «un accidente» para nada imputable a la administración educativa ocurrido «durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante» y que «el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante». Es más la letrada añadió que dicho accidente se considera producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante”. Desde APIA denuncian que con esta afirmación se viene a decir que «un agresión a un profesor es como tener varices en quien por su labor debe permanecer mucho tiempo de pie».

Ante este informe jurídico, los profesores alertan de que la conclusión de la letrada de la Junta de Andalucía «abre la puerta a que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo sean considerados riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir».