La «ley Aído» dispara la cifra de abortos entre las adolescentes

El legado de la «ley Aído» habla por sí solo: 14.586 menores de 20 años abortaron en 2011. En datos porcentuales, esto significa que el 1,3% de las jóvenes por debajo de esa edad decidió poner fin a la vida que llevaban en su interior, lo que, según el Ministerio de Sanidad, supuso el mayor porcentaje de abortos adolescentes de los últimos años. Con la llegada del mandato de Zapatero, la tasa de prácticas abortivas en menores de 20 años aumentó significativamente respecto al anterior Gobierno, pasando de un 0,9% en 2003 a un 1,3% en 2011.

Frente a esto, y a la espera de la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –que, entre otras medidas, eliminará como supuesto la malformación del feto–, en el Consejo de Ministros del pasado 5 de abril, el Gobierno de Rajoy aprobó el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que pretende reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia y de mayor vulnerabilidad. En el documento supervisado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reconoce que los datos sobre interrupción voluntaria del embarazo «exigen la adopción de medidas tanto de información, formación y prevención familiar, escolar y social». En esta misma línea, se busca ««identificar de forma temprana a las mujeres con factores de riesgo, problemas de salud, complicaciones del embarazo o anomalías fetales con el objeto de minimizar sus consecuencias».

Cabe recordar que la denominada ley de plazos, vigente en la actualidad, contempla el aborto libre hasta las primeras 14 semanas, previa información sobre la intervención, sus derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad; practicar el aborto hasta las 22 semanas en caso de que el embarazo suponga un grave riesgo para la vida o salud de la mujer o si el feto padece graves anomalías; abortar después de 22 semanas si hay malformación incompatible con la vida del feto o éste padece una enfermedad de extrema gravedad e incurable; el aborto a menores entre 16 y 17 años, debiendo informar al menos a uno de los representantes legales de éstas, siempre y cuando la menor no alegue que dicha comunicación le ocasionaría un conflicto grave.