Las familias sin recursos económicos no perderán la custodia de sus hijos

La reforma impulsada por Ana Mato se aprobará a principios de año
La reforma impulsada por Ana Mato se aprobará a principios de año

La reforma legislativa que prepara el Ministerio de Sanidad establece expresamente que "la situación de pobreza de padres, tutores o guardadores no será en níngún caso la única cirunstancia para valorar la situación de desamparo del menor", por lo que no será separado de su familia. Esta es una de las medidas relativas a la protección a la infancia que prepara el departamento dirigido por Ana Mato, que se traduce en dos anteproyectos de ley que irán al Consejo de Ministros a primeros de año. El espíritu de esta reforma es establecer "soluciones familiares frente a las instituciones, las medidas consensuadas frente a las impuestas y las estables frente a las temporales", según explicó Sanidad .

Las entidades públicas y la Administración General del Estado establecerán un sistema de información que permita el conocimiento de la situación de la protección a la infancia en España tanto a efectos de seguimiento como estadísticos. De esta manera, se obligará a hacer un seguimiento personal a cada menor tutelado y una revisión de cada caso. Además, se dará prioridad al acogimiento familiar frente al residencial y se simplifican los trámites para que el acogimiento no tenga que ser autorizado por un juez. Asimismo, no acordará el acogimiento en residencias de ningún menor de tres años, salvo supuestos de imposibilidad debidamente acreditada.

Entre las novedades, establece que la guarda voluntaria (cuando los padres entregan a la Administración a los niños por no poder hacerse cargo de ellos) no podrá superar los dos años, después de los cuales, se tomará una medida de protección permanente, ya sea bajo la figura de la acogida o de la adopción. De hecho, en el caso de que se extinga el periodo y los padres del menor tutelado estén en condiciones de hacerse cargo de él y no lo reclamen, se considerará al menor en situación de desamparo. Pasados dos años desde ese momento, si los padres no lo reclaman o los recursos han sido desestimados, el niño podrá ser adoptado y no será necesaria la autorización familiar.

En cuanto a la figura de la adopción, se crea la figura de la guarda con fines de adopción, por la que el niño podrá vivir con la familia considerada idónea antes de la resulución judicial, medida que evitará que el tutelado tenga que permanecer en un centro de protección. La nueva normativa prohibirá adoptar a las familias que previamente hayan tenido un hijo en adopción o guarda y lo hayan "devuelto".

Una novedad importante es la creación de las adopciones abiertas, un sistema que deberá consentir la Administración y la familia adoptiva, y se hará siempre y cuando el menor sea mayor de 12 años o, sin haberlos cumplido, tenga la suficiente madurez. Esta fórmula debe estar validada por una entidad pública, que podrá establecer un periodo de seguimiento para evaluar la conveniencia o no de mantener esa situación o suspenderla.

Durante la clausura clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño, celebrado en el Ministerio, coincidiendo con el Día Universal del Niño, y organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid (ADAMC), la ministra de Sanidad anunció estas medidas y explicó que en España hay 14.000 niños viviendo en residencias mientras esperan una familia. Sin embargo, indicó, el acogimiento familiar y los procesos de adopción, tanto nacional como internacional, son lentos. A finales de 2012 eran más de 10.000 las familias con expedientes abiertos esperando un niño. Ante esta situación "la necesidad de una reforma urgente y profunda del marco jurídico de protección de la infancia en este ámbito es evidente", aseguró.

La ministra ha detallado algunas de las principales medidas contenidas en esta reforma, que se llevará a cabo a través de dos Anteproyectos de Ley en colaboración con el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y las ONG dedicadas a la Infancia. Se trata de una profunda revisión del sistema español de protección a los menores, por el que se modificarán diversos artículos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Código Civil, Ley de Adopción Internacional y Ley de Enjuiciamiento Civil.