La lucha de un hijo para que no separen a sus padres con Alzheimer: "Se cogen de la mano como si tuvieran 14 años"

José Hernández entregará este jueves en Mérida más de 80.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para solicitar la modificación de los criterios de asignación de plazas en residencias. Su objetivo es evitar que matrimonios con Alzheimer sean separados tras décadas de convivencia.

Sus padres, Desiderio y María Soledad, tienen 84 y 80 años respectivamente y llevan casi 60 años casados. "Se cogen de la mano como si tuvieran 14 años", describe José, quien inició la petición en octubre al ver el riesgo de que les separen al asignarles plazas en distintas residencias.

José viajará desde Plasencia a Mérida para entregar las firmas en la Junta de Extremadura y solicitará una reunión. Afirma que lleva meses intentando dialogar con las autoridades sin éxito. "La normativa extremeña sigue igual y mis padres siguen sin residencia, con el riesgo de que los separen", lamenta.

Según explica, sus padres van a hacer 60 años de casados y aún le "emociona ver esa conexión". Por eso, dice que se le "parte el alma" cuando piensa que "tengan que separarse justo ahora, en los últimos años de sus vidas".

Ambos padecen Alzheimer y requieren atención las 24 horas, y con la ayuda de su hijo no es suficiente. José explica que su madre ha sufrido un deterioro acelerado, pasando de cocinar y valerse por sí misma a pasar la mayor parte del día inmóvil, incapaz de asearse sola, con la mirada perdida. "Es muy duro verles así", explica José.

El actual sistema de asignación de plazas no considera la convivencia de años al evaluar cada caso, lo que podría llevar a la separación de sus padres en residencias distintas. "Valoran a cada uno por separado incluso teniendo la misma enfermedad y, por ello, podrían asignarle a cada uno una residencia distinta. Separándoles en sus últimos años y después de haber pasado toda una vida juntos", lamenta.

Para evitarlo, lanzó la recogida de firmas y solicita que se modifique la normativa para priorizar la reunificación de matrimonios en residencias públicas, como ya ocurre en comunidades como Aragón o la Comunidad Valenciana.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales han indicado que no tienen competencias en este caso, ya que la decisión final depende de cada comunidad autónoma. José señala que la opción de una residencia privada resolvería el problema, pero el elevado coste de cerca de 5.000 euros mensuales la hace inaccesible para muchas familias.

Separar a sus padres en esta etapa de sus vidas sería "una experiencia desgarradora", asegura José, quien insiste en la importancia de garantizar que parejas de ancianos con enfermedades crónicas puedan permanecer juntas. "Aunque el recuerdo se borre, el cariño se mantiene y lo último que se pierde es el amor", concluye.