Medio centenar de organizaciones denuncian el "veto ideológico" del Ministerio de Igualdad

Más de medio centenar de organizaciones sociales, junto a centenares de académicas, activistas y profesionales, han denunciado este martes lo que consideran un “veto ideológico” del Ministerio de Igualdad en el acceso a subvenciones públicas destinadas a la lucha contra las violencias machistas. La crítica se centra en las modificaciones propuestas a las órdenes ministeriales IGD/239/2022 e IGD/183/2024.

La denuncia se ha hecho pública en una rueda de prensa celebrada en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, convocada por colectivos como el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), AFEMTRAS, Accionenred y la Asamblea Feminista de Madrid, entre otros. El comunicado conjunto cuenta con el respaldo de 54 organizaciones y 254 personas del ámbito académico y asociativo.

Según los convocantes, las modificaciones planteadas condicionan la concesión de ayudas públicas a que las entidades solicitantes reconozcan explícitamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres. A su juicio, este requisito obliga a adoptar una posición ideológica concreta —de carácter abolicionista— como condición para concurrir a subvenciones en régimen competitivo.

“Se vulneran principios básicos como la neutralidad ideológica de los poderes públicos y el pluralismo democrático”, afirmó Cumbre Sánchez, mediador de CATS. Desde Accionenred Madrid, Flor recordó además que la prostitución no está tipificada como delito en España ni existe una definición legal estatal que la considere en sí misma violencia de género.

Las organizaciones también apelan a estándares internacionales de derechos humanos, que recomiendan un enfoque centrado en la protección de las víctimas y la colaboración con entidades diversas “sin imponer adhesiones ideológicas”, según señaló Iris Meza, cofundadora de AFEMTRAS.

Por su parte, la secretaria general de OTRAS, Mónica Martín, criticó la ausencia de participación de las propias trabajadoras sexuales en el diseño de políticas que les afectan directamente: “No se puede legislar ni diseñar políticas públicas sobre nuestras vidas sin escucharnos”.

El debate trasciende el ámbito asociativo. Varias entidades han presentado alegaciones formales, mientras que grupos parlamentarios como Sumar, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han solicitado explicaciones al Gobierno en el Congreso.

Desde Alianzas Rebeldes, Mamen Briz defendió que la prioridad debería ser la lucha contra la trata de seres humanos y la mejora de las condiciones de vida de quienes abandonan la prostitución, así como la no discriminación de quienes la han ejercido. En la misma línea, la Red de Voces Feministas por los Derechos advirtió de que convertir una definición “científicamente discutida” en requisito administrativo podría sentar un precedente preocupante para otros ámbitos, incluido el académico.

La Asamblea Feminista de Madrid alertó además de que la medida obligaría a organizaciones con posiciones diversas a declararse abolicionistas para acceder a financiación pública, lo que, a su juicio, supone una restricción de la libertad de asociación. Otras voces, como la de la Laboratoria Feminista, enmarcaron la decisión en un contexto de retroceso en los derechos de las mujeres más vulnerables.

Las entidades convocantes exigen al Ministerio que elimine cualquier requisito ideológico de las bases reguladoras, garantice criterios técnicos y no discriminatorios y respete el pluralismo en el diseño de las políticas públicas. Advierten además de que, si la normativa se aprueba en los términos actuales, estudiarán emprender acciones legales.