Pocos se han leído la ley

El pasado 17 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el texto de proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa. Desde entonces estamos asistiendo a un enconado debate social y mediático en el que se reflejan las posturas enfrentadas e irreconciliables entre los detractores y los defensores de la reforma. La primera conclusión que conviene extraer de todo el ruido mediático es que, en la mayoría de los casos, ni los unos ni los otros, con honrosas excepciones, se han leído el proyecto. Así, proclaman consignas y soflamas para sus destinatarios y consumidores sin el mínimo rigor y con el mayor desprecio a la objetividad y al contenido literal y conceptual del texto. Quiere esto decir que la ideologización y las posturas políticas priman, una vez más, sobre el verdadero interés de la educación. En este contexto, marcado, además, por una grave crisis política e institucional sin precedentes, el proyecto ha entrado en el Parlamento sin el mínimo consenso que lo avale y volverán a reproducirse los enfrentamientos, las posiciones prefijadas y los debates artificiales, centrados en temas menos relevantes en la mejora de la educación como el tratamiento de la Religión, la Educación para la Ciudadanía y el uso de las lenguas, que responden más a enfrentamientos sectarios y de-senfocados que a la necesidad de acercarnos a la verdadera problemática educativa, mediante propuestas y aportaciones que sirvan para mejorar los rendimientos y resultados educativos. Desde que se aprobó el primer borrador y hasta el último proyecto, ANPE ha venido insistiendo en la necesidad de una reforma educativa, pero el texto recientemente aprobado no es la reforma global y profunda que se necesita para acabar con el fracaso y el alto índice de abandono escolar y para implicar y motivar al profesorado. Además, el modo en que se ha desarrollado el proceso de elaboración de la Lomce no nos ha acercado hasta ahora al consenso de mínimos que necesita una medida de tanto calado, ni ha permitido la participación e implicación efectiva del profesorado, que en definitiva es quien tendrá que aplicarla. Como la mayoría de las reformas puestas en marcha en el periodo constitucional, la reforma se orienta más hacia el cambio curricular y organizativo de los centros, dejando al margen lo que debería ser una cuestión esencial: abordar la situación de los docentes, en la búsqueda de la calidad del profesorado y su compromiso profesional. Nada de eso se plantea en el proyecto, más bien se apuesta por una reforma parcial que partiendo de una buena exposición de motivos, no traduce en su articulado las buenas intenciones y deja sin resolver cuestiones esenciales, como el cambio de estructura y modelo educativo. Además, ni siquiera se han incorporado al texto definitivo del proyecto todas las recomendaciones del dictamen efectuadas por el Consejo de Estado.