El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debatirán este viernes, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), una propuesta de recomendación que plantea un marco de buenas prácticas para regular la relación de la Administración pública sanitaria con la industria de las bebidas alcohólicas.

El documento, titulado "Buenas prácticas en las relaciones de la Administración pública sanitaria con la industria de las bebidas alcohólicas", fue aprobado por la Comisión de Salud Pública el 25 de febrero de 2025, a propuesta del Grupo de trabajo de prevención del consumo de alcohol. Su objetivo fundamental es proteger la salud y el bienestar de la población, priorizando estos aspectos por encima de los intereses comerciales de la industria.

La propuesta se fundamenta en la idea de que las políticas públicas deben tener como objetivo la reducción del consumo de alcohol a través de medidas informativas, educativas y regulatorias que no solo sean efectivas, sino también costo-efectivas.

Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de abordar los determinantes sociales y comerciales que fomentan el consumo, como la publicidad, las promociones y los precios, que a menudo están influidos por los intereses económicos de la industria

En el documento, Sanidad arremete claramente contra la industria bebidas alcohólicas por sus prácticas para suavizar los efectos nocivos del consumo de alcohol.

Según el texto, esta industria construye su propio argumentario, financiando investigaciones que favorecen sus intereses, contrarrestando las evidencias que podrían resultar perjudiciales para ella.

Además, se señala que la industria difunde publicaciones destinadas a restar importancia a los riesgos para la salud, mientras promueve una imagen de "consumo responsable".

Añade que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que este enfoque puede generar confusión, minimizando los efectos nocivos del alcohol y desplazando la responsabilidad del consumo a los individuos, cuando en realidad se trata de un problema de salud pública complejo.

El texto también recoge principios fundamentales para guiar las relaciones entre la Administración pública y la industria alcohólica, centrándose en la salud pública. Entre las buenas prácticas recomendadas se incluyen la prohibición de la participación de la industria alcohólica en la creación de políticas públicas de salud, la restricción de relaciones publicitarias o financieras con estas entidades y la promoción de campañas informativas de concienciación sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, se plantea no contratar por parte de la administración sanitaria servicios de restauración que incluyan consumo de bebidas alcohólicas en la ejecución de eventos, tales como cursos, congresos, etc., ni darles denominaciones relacionadas con el consumo de alcohol, tales como “cóctel” o “vino español”.