Tres de cada cuatro perseguidos por sus creencias son cristianos

Siria, Irak, Egipto, Arabia Saudí, República Centroafricana, Corea del Norte o China, entre otros, son algunos de los 82 países donde el derecho a la libertad religiosa se ve vulnerado de forma significativa, un derecho que les es privado, en su mayoría, a los cristianos. De hecho, según se desprende del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2014, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), tres de cada cuatro personas que sufren persecución por su fe son cristianas. En cifras absolutas, 200 millones, a los que hay que sumar otros 50 millones que padecen discriminación. Y aunque los cristianos son la minoría más perseguida, sobre todo por su número y dispersión, el informe recoge del mismo modo que los musulmanes también sufren vulneraciones a cargo de otros musulmanes o de gobiernos autoritarios.

Siria e Irak son dos de los lugares donde la persecución religiosa es más intensa y más ha empeorado en los últimos dos años, periodo de estudio del informe. Pero no son los únicos, pues Libia, Nigeria, Pakistán, y Sudán también cumplen estas dos premisas. Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, República Centroafricana, Somalia, Yemen, Maldivas, Azerbaiyan, Eritrea, China, Corea del Norte, Myammar y Uzbekistan completan la lista de los 20 países donde se produce una persecución religiosa alta, aunque ésta se ha mantenido o mejorado desde 2012. También cabe destacar que el motivo de persecución es fundamentalmente el extremismo islámico, muy por delante de los regímenes autoritarios.

De los 196 países analizados, sólo seis han mejorado su situación, mientras que 55 la han empeorado. Datos que llevan a concluir a AIN que la libertad religiosa en el mundo vive una «época de grave deterioro». En Occidente, esta organización eclesial ve una disminución de la libertad religiosa por dos factores: el desacuerdo sobre el papel que la religión debe tener en la vida pública y la preocupación social por el extremismo.

En nuestro país la situación es «estable», aunque el estudio recoge algunos ataques. El más significativo, a su entender, se produce en torno a la titularidad de la catedral de Córdoba, que una plataforma, respaldada por el Gobierno de Andalucía, reclama que sea pública.