Un as en la manga para condenar al doctor Morín

La decisión del Tribunal Supremo de ordenar el juicio contra el ginecólogo Carlos Morín, más allá de ser un hecho infrecuente y un duro varapalo para la Audiencia de Barcelona, abre la posibilidad a la utilización de pruebas descartadas por los magistrados y que pueden ser la clave para probar que Morín practicó 89 abortos ilegales. Mucho se ha hablado del programa de televisión danesa, grabado con cámara oculta y emitido en 2006, que no fue entonces admitido como prueba en el juicio del pasado enero –se consideró una prueba conseguida de forma ilícita– y que podrá ser utilizado ahora por la acusación particular. Y, efectivamente, la prueba no está exenta de importancia: entre otras cosas, Morín reconocía a una periodista –que se hizo pasar por una mujer interesada en abortar– que no había problema al someterla a un aborto tras 32 semanas de gestación. Sin embargo, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro –que se presentó como acusación particular junto a Alternativa Española y E-Christians– cree que la «clave» para condenar a Morín por los 89 abortos ilegales que presentó en sus clínicas es otra: los informes psiquiátricos a las embarazadas que acudían a los centros.

Como explica Carlos Pérez-Roldán, abogado del centro Tomás Moro, dichos informes demuestran dos cosas: que se produjeron interrupciones fuera del plazo legal y que algunos contaban con firmas falsificadas. En otros casos, se demostrará que, directamente, no existían. «La inexistencia de éstos y la falsedad en la firma implica per se la comisión de delitos de aborto. Y este hecho queda patente, pues la propia sentencia reconocía que, en ocasiones, no existían dichos informes», afirma el letrado. Y es que la propia sentencia de Barcelona lo reconoce, pues «analiza caso por caso los abortos». El problema es que en la sentencia no constaba que dichos informes existieran.

Pérez-Roldán recuerda la importancia que adquiere ahora el recurso de la Fiscalía. En su texto, mantenía que se había impedido la valoración de las declaraciones de los imputados ante el juez de instrucción, que se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones. La fiscal solicitó en la vista oral que se leyeran las declaraciones de los imputados ante el juez de instrucción; sin embargo, la Audiencia de Barcelona no lo permitió. ¿Por qué? «En esas declaraciones, los tres psiquiatras reconocieron que a veces realizaban los informes sin ver a las pacientes, e incluso que los hacían después de practicar los abortos», dice el abogado.

Otras de las declaraciones que se presentan como fundamentales es la de una trabajadora de las clínicas que fue declarada testigo protegido y que ante la Policía y el juez dio todo tipo de detalles de las irregularidades cometidas en las cinco clínicas propiedad de Morín –con fechas, datos y documentos que avalaban su testimonio y que fueron corroborados por la Policía cuando registró los centros–, y que se desdijo durante el juicio y declaró que «no se acordaba».

Durante la instrucción aceptó testificar en contra de Morín a cambio de que se le proporcionara protección porque iba a declarar «hechos delictivos de gran importancia, realizados por personas poderosas con muchos contactos y de los cuales la declarante tiene miedo a represalias», según refleja la página 389 del sumario.

La testigo acusó al doctor Morín de realizar «interrupciones voluntarias del embarazo fuera de los casos permitidos por la Ley», lo que supuso que Morín «dispusiera de mucho dinero negro líquido». Así describió que las prácticas ilegales comenzaron en la clínica TBC y que tras la emisión del reportaje en televisión dejaron de hacerse allí para comenzar a hacerlas en la clínica Ginemedex, en la que «se pueden llegar a realiza aproximadamente 15 abortos ilegales en una semana». Todas las pacientes se sometían a una ecografía previa al aborto (en los casos ilegales se manipulaba), que realizaba un ginecólogo sin la titulación necesaria y que utilizaba el sello de la firma de un especialista de la clínica, con conocimiento de éste. También denunció que tanto el anestesista como las mujeres que trabajaban como enfermeras no tenían titulación –una de ellas estaba contratada para las tareas de la limpieza– y eran las encargadas de vigilar la dilatación de la embarazada, de administrarle los fármacos y de acompañarla tras la intervención. Pero el punto más importante es el de los informes psiquiátricos, y su testimonio coincide con los de los psiquiatras que, se desdijeron en el juicio.

Sobre este punto, reconoció que había un modelo de informe –que aportó en el juzgado– con el sello del psiquiatra, que las enfermeras rellenaban con los datos de la paciente. En otras ocasiones, los psiquiatras realizaban los informes sin visitar a las pacientes o cuando éstas ya se habían ido a casa: «En ningún caso, uno de los doctores hacía una valoración psiquiátrica de la paciente, incluso los test que teóricamente deberían cumplimentar las pacientes los rellenaba él mismo». «Algunas explicaban que se acababan de separar de su pareja y que por eso abortaban, que en otros casos no deseaban continuar con el embarazo por la presión familiar... Pero en ningún caso en tantos años ha habido un embarazo que supusiera incompatibilidad con el feto», indicó.

En este sentido, Rafael López Diéguez, de Alternativa Española, insiste en la importancia «de los 83 documentos cuyas firmas no correspondían con las del médico y que el Supremo sí ha dado la relevancia que tenía». Para Diéguez, «el testimonio de los periodistas servirá para contextualizar lo que allí pasaba». En cuanto al uso de las trituradoras, añadió que no son irrelevantes más allá del morbo porque corroboran que se hacían abortos ilegales. Tampoco descartó que alguno de los imputados o de los testigos testifiquen en contra de Morín, lo que supondría una confirmación de lo que nosotros denunciamos».