Iphone, ¿por qué «muere» su teléfono?

La Fiscalía de Francia ha abierto una investigación a Apple por ralentizar sus dispositivos y obligar así a los consumidores a tener que comprarse uno nuevo. En España, Facua ya estudia acciones legales contra la empresa.

La Fiscalía de Francia ha abierto una investigación a Apple por ralentizar sus dispositivos y obligar así a los consumidores a tener que comprarse uno nuevo. En España, Facua ya estudia acciones legales contra la empresa.

La fiscalía francesa anunció ayer la apertura de una investigación preliminar sobre Apple, después de que la propia compañía haya reconocido que ralentiza de forma voluntaria el funcionamiento de ciertos modelos de sus iPhone. «Las baterías de iones de litio se vuelven menos capaces para satisfacer la demanda de energía en bajas temperaturas, cuando tienen baja carga de batería o cuando envejecen, lo que puede hacer que el dispositivo se apague inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos». Esta era la explicación que daba la compañía de Cupertino a finales del pasado año para explicar por qué, con cada actualización, sus dispositivos se ralentizan. «El año pasado lanzamos una función para iPhone 6, iPhone 6s y iPhone SE que suaviza dichas cargas de trabajo únicamente cuando es necesario, para así evitar los apagones durante estas condiciones», añadía en su comunicado. «Nuestro objetivo es proporcionar la mejor experiencia a nuestros clientes». Sin embargo, como denunciaron varios usuarios e influyentes blogueros en redes sociales, con cada nueva actualización su móvil funcionaba más lento.

La investigación de la autoridad gala podría extenderse sobre todos los móviles de la marca vendidos en Francia desde 2015. El origen de esta acción está en la iniciativa que tomó la asociación HOP (« Halte à l’obsolescence programmée», «Alto a la obsolescencia programada», en español) el pasado mes de diciembre cuando decidió presentar una denuncia sobre la base de la obsolescencia programada reconocida por Apple y que en Francia está tipificada como delito desde hace tres años.

En 2015, Francia aprobó una nueva ley de transición energética que prohíbe «el recurso de técnicas por las que el responsable de la puesta en el mercado de un producto tenga como objetivo reducir deliberadamente su tiempo de vida para aumentar la tasa de sustitución». Se trata de un delito penal y está castigado con penas de hasta dos años de prisión, 300.000 euros de multa y el 5 por ciento de la cifra anual de negocio.

El abogado de la asociación indica en su página web que durante años los clientes de Apple han constatado esas ralentizaciones «pero esta vez han sido expertos quienes lo han demostrado técnicamente y Apple no ha tenido más remedio que reconocerlo». Ahora esperan que la investigación permita saber por qué la compañía ha guardado silencio todos estos años, por qué aparece esa ralentización cuando sale un nuevo modelo al mercado, y por qué ese fenómeno no aparece en otros desarrolladores tecnológicos como Samsung. Apple ya se enfrenta a varias denuncias de este tipo en Estados Unidos por haber engañado a los usuarios de iPhone y ralentizar los dispositivos sin realizar ningún tipo de advertencia previa.

No es la primera vez que HOP toma este tipo de iniciativas. De hecho, en los mismos días que presentó la denuncia contra Apple se supo que la fiscalía de Nanterre, al norte de París, había decidido abrir una investigación preliminar tras la denuncia presentada por ellos en el mes de septiembre contra el fabricante de impresoras Epson por obsolescencia programada y engaño. Los denunciantes acusan a Epson, así como a otros fabricantes como Canon, HP y Brother, de fabricar impresoras que se bloquean con el pretexto de que los cartuchos de tinta están vacíos, cuando en realidad todavía les queda tinta, y de fabricar las almohadillas de absorción de tintas que indican que están «en el final de su vida útil», cuando no es cierto. Según la denuncia, el precio de reparación y de cambio de la almohadilla equivale prácticamente al de la compra de una impresora nueva, con lo que se incita al cliente a la compra.

Nuestro vecino galo es de los pocos países de la Unión Europea que está tomando medidas para evitar que obliguen a los ciudadanos a comprar nuevos productos pasada una serie de años. No obstante, el pasado mes de julio, los organismos de la UE decidieron tomarse en serio este problema.

El Parlamento Europeo (PE) realizó un llamamiento a la Comisión Europea y a los estados miembros para luchar contra la obsolescencia programada. Así, este organismo deberá trabajar conjuntamente con las empresas tecnológicas para confirmar que los compradores puedan reparar sus productos en cualquier proveedor y sin que estos gigantes de la electrónica les impongan los talleres a los que deben acudir. Del mismo modo, el PE distribuyó una serie de pautas entre los estados miembros que tendrán que cumplir en un futuro.

Tras este anuncio europeo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España solicitó la implicación del Gobierno español y aseguró que había realizado en varias ocasiones pruebas con diferentes productos de consumo, en los que ha podido comprobar las diferencias de diseño y reparabilidad que podían suponer una limitación en la vida media de los mismos. El último caso que testaron fue con aspiradores, que soportaron sin problemas las cuatro primeras pruebas pero no la última, ya que dejaron de funcionar por el desgaste de una pieza llamada escobillas del motor.

Otra entidad que defiende los derechos de los compradores, Facua, aseguró ayer a este diario que «estamos trabajando con nuestro equipo jurídico para estudiar las acciones legales que se deben tomar contra Apple y decidiremos qué hacer en las próximas horas», aseveró Rubén Sánchez, portavoz de la entidad. Desde esta asociación también denuncian la «pasividad de las 18 autoridades de protección al consumidor que existen en España. Ninguna se ha pronunciado», e insiste en que «esta situación no se resuelve con una nueva norma, sólo es necesario aplicar la legislación actual».

Este diario se puso en contacto con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la directiva de redes, y no recibió ninguna respuesta.