Las plataformas deberán emitir por Ley un 6 por ciento de su oferta en catalán euskera o gallego

Las plataformas prestadoras de servicio de catálogo, como Netflix, HBO, Disney+ o Amazon Prime Video, tendrán que ofertar, como mínimo, un 6 por ciento de su oferta en catalán, euskera o gallego. Así lo han precisado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, después de darse a conocer un pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que incluye esta medida dentro de la Ley audiovisual como demandaba el partido catalán.

Estas fuentes concretan que del 30 por ciento que deben emitir de obra europea, la mitad de este porcentaje (15%) habrá de ser contenido audiovisual en lenguas oficiales del Estado español y, de esta parte, el 40% tendrá que ser en catalán, euskera o gallego, lo que da lugar al mencionado 6 por ciento, según establecerá la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.

No obstante, las mismas fuentes han aclarado que la norma “no prefija” una distribución concreta de contenidos ofertados en cada una de estas lenguas --catalán, euskera o gallego--. Además, han apuntado que la ley contempla un régimen de sanciones para los operadores que no cumplan esta obligación de mantener en su catálogo la cuota de producción en lenguas cooficiales.

Gracias a este acuerdo, el contenido doblado o subtitulado en lenguas cooficiales deberá ser ofertado por las plataformas, pero no será considerado como cuota de obra en catalán, euskera o gallego. “Hay una cierta obligación que está sujeta a que sea posible tanto técnicamente como por la propia calidad del doblaje o el subtitulado. Es una obligación con algunas limitaciones”, han recalcado. También se incrementa del 0,9% al 3,5% el porcentaje de catálogo correspondiente a productoras independientes.

Además, las fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño han apuntado que la cuota de presencia de producciones en lenguas del Estado, que podrá ser producción original o adquirida, se computará “anualmente” y el control se llevará a cabo a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La obligación será efectiva previsiblemente en 2023, una vez se apruebe la ley en 2022 en el Parlamento.

Las citadas fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han destacado que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que se ha sometido a dos audiencias públicas, “está listo” para ser remitido al Consejo de Ministros “en la próximas semanas”.

Por otro lado, han confirmado que la última versión del proyecto de Ley elimina la obligación de financiar a la Corporación RTVE que tenían anteriormente los operadores de telecomunicaciones. Asimismo, la empresa pública no tendrá que ofrecer las cuotas de contenido en catalán, euskera y gallego al tener otras obligaciones por ser prestador de servicio público, ni tampoco YouTube como plataforma de compartición de videos.