El canon digital se cargará en móviles, cd’s y tabletas

El Gobierno aprobó ayer un nuevo Real Decreto Ley para la compensación a los autores por copias privadas para equipararla con la legislación europea.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley por el que se reforma el canon digital–la compensación por copia privada a los autores de sus obras– para adaptarlo a la normativa de la Unión Europea. Así, este pago se cargará en los móviles, CD’s, tablets, discos duros, ordenadores y cualquier soporte para el almacenamiento de archivos digitales, aunque habrá excepciones sobre quién deberá hacerlo. Esta nueva normativa sustituye a la que el Tribunal Supremo declaró «nula» e «inaplicable» en noviembre de 2016. La sentencia llega después de que, en junio, el Tribunal de la UE considerara también ilegal el canon que se estaba aplicando en España. «El que presentamos lo que hace es cambiar el actual modelo de compensación equitativa financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado por otro basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, acompañado de un mecanismo efectivo de excepciones y desembolsos», afirmó ayer el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

Personas jurídicas

Para gestionar la facturación de la compensación equitativa por copia privada a los fabricantes y distribuidores, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que será la responsable de administrar las excepciones de pago y los reembolsos. Quedarán fuera del desembolso de costes por derechos de autor las copias realizadas por las administraciones públicas para uso profesional, las realizadas por personas jurídicas o físicas que sean los «consumidores finales» y las que se realicen con autorización.

El Ministerio ha precisado que la implantación de este Real Decreto Ley fija una «implantación escalonada» en varias etapas para «facilitar su introducción». Por tanto, en el primer año, tras la entrada en vigor se aplicará de forma provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que detalla el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción con las que se deberán abonar a los autores. Tal y como se concretó ayer, por un teléfono móvil o «smartphone» los fabricantes abonarán 1,10 euros más, en el caso de las memorias USB y discos duros serán 24 céntimos, las tabletas, un 3,15 euros y 5,45 para reproductores de sonido o vídeo. La cifra de las impresoras está entre los 4,5 y 5,25 mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0.33 y 1,86. «Se gravan los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantía más baja», se afirma desde el Ministerio. Pasados doce meses, se regulará mediante real decreto una actualización.

El PSOE y Ciudadanos han acogido la aprobación del texto con «moderada alegría». «Es un tema complicado que tiene muchas aristas, había que limar asperezas y ahora tenemos un buen punto de partida», afirma la portavoz de Cultura del grupo liderado por Albert Rivera, Marta Rivera de la Cruz. El portavoz socialista, José Antonio Torres, destaca que se trata de una norma «fruto de un acuerdo y un consenso bastante amplio entre el sector cultural y tecnológico». Podemos, por su parte, ha reclamado «más imaginación en materia fiscal» y pide que se ponga la Ley de Propiedad Intelectual «a la altura del cambio social».

«Una buena noticia»

Inmediatamente después de conocerse la noticia la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) emitió un comunicado a través de su página web. En él, precisan que «a falta de una revisión a fondo del texto aprobado, consideramos una buena noticia que, a pesar de haberlo hecho con un año de retraso, el Gobierno adopte esta normativa al derecho comunitario, ya que soluciona la situación de ilegalidad en la que se encontraba España». También se agradece el «compromiso de Méndez de Vigo y del nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura». Sin embargo, el director general de Adepi, Antonio Fernández, no oculta cierta tristeza porque «las tarifas que se establecen son demasiado bajas, aunque mayor que los exiguos cinco millones de euros que contemplaba el anterior sistema. Seguimos a la cola de Europa, pero recaudaremos más».

El director general de Cedro, Jorge Corrales, valora positivamente el Real Decreto porque «el texto recupera la senda del derecho de la copia privada. En un buen primer paso para el sector del libro porque recibirá una compensación adecuada tras la derogación de 2011. Lo que sí podemos afirmar es que seguimos trabajando para la adecuación de las tarifas».