El miedo de los alcaldes independentistas a perder las subvenciones

Telefonean al secretario de Estado de Administraciones Territoriales para preguntar por la PAC.

La presión de la dirección independentista está incluso colocando a los más fieles con la ruptura con España en una situación más que difícil de manejar por el conflicto entre la dinámica política y su futuro político y hasta familiar y personal. El clima que han cultivado en los últimos meses desde la Generalitat hace que se haya llegado a un punto en el que a su gente le es muy difícil dar un paso atrás, pero, al mismo tiempo, dentro del movimiento independentista son conscientes de la ilegalidad en la que se encuentran y preocupan las consecuencias que puedan derivarse, sobre todo en lo personal.

Fidelidad a los principios, pero también al bolsillo, según se deduce de algunas de las llamadas que bajo cuerda están haciendo alcaldes del PDeCAT y de ERC a Madrid. Ediles de estos dos partidos han telefoneado al secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, para preguntarle si las consecuencias de seguir adelante pueden dejarles, por ejemplo, sin recibir las ayudas de la PAC. Hay alcaldes que no cobran nada, y su sueldo depende de estas ayudas comunitarias a la Política Agraria Común. El escenario es más que incierto y la sombra de la posible inhabilitación pesa sobre ellos aunque sigan dando aire a la rueda del «procés».

Por debajo de los actos conjuntos y las declaraciones sonantes impera la desconfianza y la preocupación por cómo puede acabar para ellos la desobediencia. La presión por parte de los líderes independentistas, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente, está forzando que nadie se atreva a moverse en la foto, pero entre los alcaldes crece, sin embargo, el malestar hacia Ada Colau, porque mientras que ellos están siendo llamados a declarar por la Fiscalía, la alcaldesa de Barcelona rentabiliza el doble juego y se pone al frente de la manifestación sin firmar nada ni pillarse las manos con nada en concreto. Buena parte del malestar lo dirigen también directamente contra Puigdemont por hacerles participar de ese teatro.

La presión interna irá a más en los próximos días. La Justicia está decidida a ir a por todas en la defensa de la legalidad vigente y la Generalitat y los alcaldes soberanistas son conscientes de que a diferencia del 9-N, en esta ocasión hay una unidad de acción entre el Gobierno, Fiscalía y jueces porque han llegado demasiado lejos con el órdago a la legalidad.