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Hacienda interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

  • Manuela Carmena en una imagen de archivo. Luis Díaz
    Manuela Carmena en una imagen de archivo. Luis Díaz
P. Gómez/larazon.es.  Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

07 de noviembre de 2017. 16:07h

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P. Gómez/larazon.es.  Madrid. 7/11/2017

El Ministerio de Hacienda tutelará semanalmente las operaciones financieras del Ayuntamiento de Madrid después de que la semana pasada rechazara por tercera vez el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el Gobierno de Manuela Carmena y entendiera que sigue incumpliendo la regla de gasto, han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Las mismas fuentes han explicado que ayer se envió una resolución de la Secretaría General de Hacienda en la que se confirmaba este rechazo y en la que se informaba de que, en aplicación a los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se aplicarán las medidas coercitivas que contempla la normativa.

El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha registrado una moción urgente para que Montoro comparezca en la Cámara Baja y explique los motivos por los que se han intervenido las cuentas públicas así como las intenciones del Ministerio de Hacienda.

Según la ley, en caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, el Ayuntamiento deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, "la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido".

"Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico", recoge la normativa.

También contempla, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la constitución de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Mediante una carta, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya Romero, trasladó la semana pasada a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que una vez analizado el PEF se observaba que parte de una "premisa errónea" y es que para determinar el techo de gasto de los años se ha tomado como base "el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal".

Así, desde Hacienda subrayan que la propuesta de PEF del Gobierno local prevé un gasto para los años 2017 y 2018 que excede el límite en un importe de 238.025.715,54 euros y 243.586.509,71 euros respectivamente. Fernández de Moya Romero recordaba a la alcaldesa que la senda de gasto del Ayuntamiento debe "acomodarse al marco legal definido" en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha respondido que anoche recibieron la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en la que se denegaba la aprobación del Plan Econoómico Financiero presentado. "Confirmamos que lo estamos analizando y estudiando las acciones posibles. El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la ciudadanía madrileña y actuará con la responsabilidad institucional que ha demostrado", ha dicho el Consistorio que dirige Manuela Carmena.

No es la primera carta de Montoro al Ayuntamiento de Madrid. Y a el pasado mes de julio la Delegación del Gobierno en Madrid ha remitido desde el pasado 25 de julio al Ejecutivo de Manuela Carmena varias misivas en las que se «formula requerimiento de anulación» de hasta doce acuerdos que el Pleno de la capital aprobó entre los meses de junio y julio y que, según Hacienda, podrían no ajustarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, el Ejecutivo central pedía al consistorio de la capital que invalidase los acuerdos plenarios que aprobaron dos ampliaciones de crédito de 230 y 72 millones de euros, respectivamente, al considerar que «estaría provocando un incremento de gasto en créditos que previamente han sido declarados como no disponibles».

Según el Ayuntamiento, la petición –muy concreta y que afectaría hasta a 557 proyectos en todos los distritos de la capital–, es ya «imposible» de cumplir porque se han gastado un 43% del montante que ahora solicitan anular. En unas declaraciones remitidas a los medios, el responsable de las cuentas municipales, Carlos Sánchez Mato, explicó que las partidas aprobadas durante los últimos meses en Cibeles son «actuaciones prioritarias que han sido pedidas por los plenos de distrito» y creyó que la nueva petición de Hacienda «no se ajusta a Derecho».

Desde el ministerio recalcaron que estos requerimientos al Ayuntamiento no suponían que Hacienda ordenase la paralización de ningún proyecto y recalcaban su advertencia sobre la solución de Sánchez Mato que supone de nuevo el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y podría tener, entre sus consecuencias inmediatas, la apertura de un procedimiento judicial por la vía contencioso-administrativa.

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