La hora de la política en la Cumbre del Clima

La Cumbre del Clima encara la recta final tras llegar a su ecuador y entra en la fase ministerial. Las partes tienen una semana por delante que se prevé ardua en cuanto a las negociaciones. Existen diversos cuellos de botella que los responsables y técnicos de los 197 países presentes en Madrid han de solventar con el fin de llegar a la siguiente COP, la de Glasgow, con los deberes hechos. Y urge. Uno de los principales asuntos que más separan a las partes negociadoras es el artículo 6 del Acuerdo de París. ¿Qué es? Es el sistema que aborda la regulación de los mercados de carbono, un elemento considerado esencial para reducir las emisiones, dado que sin un sistema único las emisiones de dióxido de carbono no alcanzarían un precio debidamente elevado que haga que los países (y las empresas) reduzcan su huella. Trasladado a palabras que podamos entender todos: es un sistema para que un país que emite de más pueda pagar a otro para que reduzca una cantidad de gases equivalente a través de proyectos de mitigación y adaptación similares a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), a los que quieren dar una única contabilidad.

Así, bajo este mecanismo, la oferta y demanda de derechos de emisión conducirían al establecimiento de un precio global del carbono con el cual los Estados que superen sus objetivos de emisiones de los planes nacionales que han de presentar en 2020 pagarán el coste. De este modo, se espera que las emisiones de gases de efecto invernadero desciendan notoriamente y nos encaminen a una economía baja en carbono. En este sentido, fuentes negociadoras explican que, de momento, el país menos flexible o menos conforme al desarrollo de un mercado de carbono fuerte y único es Brasil, que defiende su statu quo, y no quiere ir más allá ni avanzar en este campo. Dicen que «el caso de Brasil no es nuevo, antes de la llegada de Bolsonaro al Gobierno también se mostraban reticentes». Este país no quiere reglas de contabilidad únicas respecto a los NDC (las contribuciones determinadas a nivel nacional), lo que «pone en riesgo un sistema global en el que entrarían reducciones de emisiones que no se han producido», dado que ahora la contabilidad es más difícil porque son dos países los que las llevan a cabo. En este sentido la postura de la UE es clara: defienden una única contabilidad porque de otro modo no se salvaguardaría la integridad del sistema cuando la comunidad internacional empiece a trabajar con los nuevos NDC. De hecho, antes de que arrancara la COP los expertos estimaban que Brasil iba a colaborar con India, China y Sudáfrica para presionar a las naciones desarrolladas sobre el financiamiento climático con el fin de poder utilizar sus reservas de carbono amazónico como futuras compensaciones.

«Brasil quiere poder transferir todo lo que tenía en MDL, incluyendo créditos (en la siguiente fase), y además rehúsa contabilizar lo que transferiría a otros países bajo el artículo 6.4; es decir, pretenden institucionalizar la doble contabilidad del pasado hacia el futuro», precisan las mismas fuentes de la negociación consultadas por este periódico.

La transparencia

También se habla de China, pero según estas personas, el gigante asiático «no es de los más difíciles, ni mucho menos. Tienen algunas posiciones complicadas, pero en este tema, en general, son razonables, a diferencia de la transparencia, por ejemplo». Un campo en el que no están solos: «Hay varios países que están haciendo lo posible por minimizar la transparencia de las tablas de reporte que se están discutiendo». Es decir, cómo contabilizar, entre otras cosas, las reducción de emisiones.

«Sus posturas son en defensa de sus intereses nacionales frente a un marco global de obligaciones», explica José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental y miembro del IPCC. «En mi opinión, creo que sus posturas se deben más a posturas ideológicas de defensa de su soberanía nacional que a marcos más o menos racionales. El componente ideológico y de soberanía siguen pesando mucho», añade Baldasano.

Cerrar un mercado de carbono es necesario. Además de suponer una fijación de precios, podría derivar en nuevos canales para el financiamiento climático y conducir a la transferencia de tecnología limpia. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lo dijo bien claro: «No quiero concebir la posibilidad de que no haya acuerdo en el artículo 6».

En la primera semana de la cumbre se presentó un texto que no gustó a las partes. Sin embargo, nadie lo rechazó. «Es el asunto más conflictivo de la agenda», aseveraron personas conocedoras de la negociación. «Se ha de dar una respuesta en esta cumbre, pero no es la única vara de medir», añadieron en referencia a que los medios no pensáramos que si no se alcanza un acuerdo en este aspecto se pueda, afirmar que la COP25 ha sido un éxito o un fracaso. De hecho, prefieren un aplazamiento antes que una aprobación descafeinada. Y es que, tanto si se aprueba como si no, el Acuerdo de París entrará en vigor sí o sí en 2020.

Objetivo 2050

En este sentido, las delegaciones de los 197 países que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ultiman otros muchos documentos antes del comienzo de la fase de alto nivel con los ministros responsables de Medio Ambiente. Uno de los textos que al principio de la semana pasada parecía ir bien era el Plan de Acción de Género, pero finalmente se frenó, por lo que a lo largo de esta semana se espera que haya un acuerdo. También hay notorias diferencias sobre la financiación para adaptación y mitigación al cambio climático entre los países en vías de desarrollo y los Estados desarrollados.

Por otro lado, la presidenta chilena de la COP25 confía en avanzar en la Alianza por una Mayor Ambición Climática y lograr así que más de un centenar de países se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Algo en lo que será esencial lo que se diga esta semana en el Consejo Europeo. Y es que, en paralelo a la cumbre, todas las miradas se dirigirán a este consejo que tiene previsto aprobar entre los días 12 y el 13 la neutralidad climática de carbono de la UE en 2050; esto signidica cero emisiones netas en 2050, tal y como recoge el «Green Deal». La mayoría de los Estados miembros están a favor, a excepción de Polonia, República Checa y Hungría, que, debido a sus usos de carbón, no están muy por la labor del nuevo Pacto Verde Europeo.