Los malos del cuento

¿Las mujeres estamos en constante peligro? ¿Nos acechan males en cada esquina? Ayer la Ministra de Igualdad insistía, una vez más, en ello y, en este caso, éramos las madrileñas las que vivíamos en una Comunidad no segura para las mujeres. Para entender el porqué día a día repite este mantra en cualquier foro, red social e incluso en un plató sensacionalista de T.V, hay que adentrase mínimamente en Política Criminal, porque, aunque ella no lo sepa, que no lo sabe, está legitimando cada día la teoría del Derecho penal del enemigo que, en 1985, formuló Günther Jakobs, un jurista alemán.

Es obvio, y eso sí debe de saberlo la Ministra, que si al ciudadano le trasmites miedo y le convences de que corre un determinado peligro, cada medida que lleves a cabo para “salvarle” va a ser acogida con gran entusiasmo. Y ahí está la cuestión: señoras, Irene Montero nos va a proteger y salvar de todos aquellos peligros a los que, por el simple hecho de ser mujeres, estamos expuestas, ya sea porque los hombres ejercen violencia continua contra nosotras, ya sea porque las instituciones no nos protegen. Desde ayer, a las madrileñas debe salvarnos también de nuestra Comunidad, que también nos maltrata. Escuchándola, cualquiera diría que es mejor no asomar el hocico al mundo hostil. A muchas nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero lo cierto es que su método no es descabellado en términos propagandísticos, ya que los ciudadanos reclaman para sí una seguridad aunque sea a costa de la inseguridad del contrario, produciéndose una dicotomía entre los buenos ciudadanos (en nuestro caso, ciudadanas) que deben ser protegidos, y los enemigos (los hombres malos del cuento). En este contexto social se actualiza continuamente lo que en su día Jakobs expuso respecto de la contraposición entre persona/ ciudadano e individuo/enemigo, lo que se ha venido denominando “Derecho penal del enemigo”, según el cual se ha de privar del estatus de ciudadano a todo aquel que muestre una tendencia a persistir en el delito. Sostiene que el Derecho penal va dirigido a ciudadanos en los cuales la pena tiene la función de reafirmar la vigencia de la norma infringida ocasionalmente. Sin embargo, existen individuos que muestran de manera reiterada su disposición a delinquir, a los que no se les puede considerar personas ni ciudadanos sino enemigos de la sociedad que deben ser excluidos de la misma y neutralizados.

El requerimiento social de protección y seguridad, sustentado en el sentimiento inoculado de miedo y peligro (y en ocasiones, también de venganza) legitima políticas criminales represivas, políticas criminales de tolerancia cero, políticas criminales necesarias porque así lo reclama el pueblo. Es, y perdónenme por el ejemplo, como la pescadilla que se muerde la cola: a los ciudadanos se les transmite ese sentimiento de inseguridad, estos reclaman acción contra el enemigo, los políticos, entonces, les trasmiten ahora lo que ellos quieren oír: “No os preocupéis, que con los malos, con vuestros enemigos, con los que no son iguales que vosotros, vamos a actuar con mano dura, dándoles su merecido”.

Ciudadanos que deberían saber que en España hace tiempo ya que se enterró a Montesquieu, y no me refiero sólo a aquella teoría de la que alguna vez hemos oído hablar pero que cada vez menos caracteriza nuestro Estado, si es que alguna vez lo caracterizó: aquello llamado separación de poderes, eso que prohíbe a los jueces legislar y al ejecutivo juzgar. Pero no, como decía, no me refiero a ello, sino a la tiranía de aquellos castigos que no derivan de la absoluta necesidad, sino de ese reclamo social de ciudadanos a los que nadie les ha explicado que el componente garantístico del Derecho penal democrático se concreta en el principio de intervención mínima, debiendo evocar de nuevo a Montesquieu cuando afirmamos que todo lo que exceda de esa intervención mínima “es abuso y no justicia” o lo que es lo mismo “es hecho y no derecho”. Soy consciente de que, muy desatinadamente, estas últimas palabras les conducen a otro eslogan muy distinto.

Bárbara Royo

Abogada penalista