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Liberado de la magistrada Núñez Bolaños y su furor indulgente, curiosa paradoja, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por medio de un juez de refuerzo, ha retomado la noble tarea de empapelar a los (presuntos) malos o, al menos, de no impedir que se discierna si los sospechosos de maldades son malos o no. La vena inquisitorial de muchos españoles salió a relucir cuando, hace tres semanas, se supo que el muñidor del sistema fraudulento de los ERE, Manuel Chaves, no purgaría pena de prisión. Avisábamos aquí, como quien clama en el desierto de la justicia y la meca de la revancha, que la llamada pieza política no era sino el primer hito de una carrera de ultrafondo –188 causas abiertas como 188 kilómetros de un larguísimo maratón– que extenuaría a los más fuertes y masacraría a los menos. Chaves y su valido, Gaspar Zarrías, son desde ayer dos de los quince imputados en el mangazo fundacional del gran latrocinio, los casi mil millones de pesetas que, en 1999, recibió la compañía jiennense Cárnicas Molina simulando un préstamo del IFA, uno de los múltiples chiringuitos de los que el PSOE se valió para eternizarse en el poder durante cuatro decenios. La vena poética de aquellos socialistas finiseculares andaluces se aprecia en un enternecedor detalle: decidieron inaugurar su mastodóntico timo en… ¡una fábrica de chorizos! Su Señoría, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha incoado procedimiento contra otros cuatro ex consejeros y una decena más de altos cargos de la Junta. En una, quede claro otra vez, de las 188 causas relacionada con la trama de los ERE que van a juzgarse. Puede que los escépticos tengan razón, pero también admitirán que un poquito sí funciona el sistema. Y que el que la hace, presidente autonómico o ministro o pariente del Rey, a veces la paga.