Labradores altivos

No sólo España sino también el resto de nuestros socios europeos han sumado a la agenda de la transición a una economía neutra en emisiones, la lucha contra el vaciamiento interior. Ni una ni otra son posibles sin el apoyo a la actividad agrícola, tan es así que su contribución al medio ambiente es uno de los tres pilares que sostiene a la Política Agrícola Común (PAC). La propuesta de la Comisión Europea para el denominado marco financiero plurianual 2021-2027 incluye 365.000 millones de euros para la PAC, esto es, el 28,5% del presupuesto total de la UE para el mismo período. Del presupuesto global previsto para la PAC, 265.200 millones de euros se destinan a pagos directos a los agricultores, 20.000 millones para medidas de apoyo al mercado (a través del fondo Feaga) y 78.800 millones al desarrollo rural (a través del Feader). A lo anterior habría que sumar otros 10.000 millones de euros incluidos en el programa de investigación de la Unión Europea denominado «Horizonte Europa» destinados a dar apoyo a proyectos específicos de investigación e innovación en la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.

Desde su diseño y puesta en marcha en 1962, la PAC ha pretendido proporcionar ayuda a la renta de los agricultores con objeto de asegurar el suministro de productos alimenticios de buena calidad, seguros y a precios asequibles para los ciudadanos europeos.

Las revueltas de los agricultores españoles parecen desmentir que su renta sea suficiente para la propia supervivencia de la actividad agraria y con ella, de la parte más nuclear de la vida rural. Una buena herramienta para valorar hasta dónde llevan los agricultores razón es la información que proporciona el propio Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (antes de Medio Ambiente, Rural y Marino). Si se toman todos los precios percibidos por los diferentes agricultores y se convierten en un único número índice, su valor bajó del 100 en octubre de 1996 a 95 en el mismo mes de 2012, si bien alcanzó un pico máximo de 110 entre los meses de junio de 2008 y agosto de 2009. Haciendo lo propio con todos los precios pagados por los agricultores, este número índice ha subido marcadamente desde un valor de 65 en octubre de 1996 hasta los más de 135 puntos en octubre de 2012. Por último, los salarios agrarios pasaron en el mismo periodo de un valor índice de 100 al entorno de los 135 puntos. El resultado último no puede ser otro que la caída de la renta agraria per cápita. Más detallada es la información que proporciona el sindicato agrario COAG a través de su Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos. La última oleada de datos corresponde a enero de 2020 y en ella se observa que, en promedio, los precios se multiplican por 4.43 veces desde que el agricultor recibe su pago hasta que los consumidores lo compramos en la tienda del barrio o en la gran superficie. Un kilo de patatas, por ejemplo, se paga por el consumidor 6,5 veces por encima de lo que recibe el agricultor. En estos años de evolución desigual entre los costes de producción y los ingresos agricolas, el sector ha cumplido muy eficazmente con la transición hacia unos cultivos mínimamente intensivos en el uso de productos fitosanitarios contaminantes.

Hoy día todos los agricultores conocen perfectamente los fertilizantes que utilizan, la manera de manipularlos y la gestión eficaz de los residuos para minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo y con el apoyo de las administraciones públicas, han modernizado el parque de maquinaria agrícola reduciendo los requerimientos de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero consecuencia de su quema. El retrato de los labradores españoles se parece muy poco a la imagen que de ellos proyectó el presidente del sindicato UGT cuando los calificó de «la derecha terrateniente y carca». Son profesionales de primer nivel con muchas horas de labra y muy pocas de descanso. Con todo, el sector se equivoca al pedir como solución de auxilio la intervención de precios mediante el establecimiento de precios mínimos para sus productos. Tampoco la Ley de la Cadena Alimentaria ha resuelto gran cosa.

Los economistas no hemos sido capaces de trasladar a la opinión pública que la intervención de precios no conduce a ningún buen resultado, ni cuando se trata de precios máximos ni cuando se trata de precios mínimos. Pero tan incapaces hemos sido de divulgar ese resultado como proclives lo hemos sido a atribuir al mercado unas virtudes de las que frecuentemente carece aunque sólo sea porque su funcionamiento dista mucho de ser libre y con precios flexibles. Con harta frecuencia el funcionamiento del mercado es muy distinto al que se supone libre tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales como los agrícolas. Yo mismo he visto las subastas on line en las que participan empresas agroalimentarias y la asimetría en el poder de negociación que existe entre cientos de oferentes y una única cadena de alimentación al otro lado de la red de intranet. Europa atraviesa por una grave crisis. Esa crisis deriva de que los ciudadanos mayoritariamente apenas perciben los beneficios de esa sociedad de naciones. A los agricultores no les pasa algo muy diferente.

Los grandes hacedores de la política comunitaria saben que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades, por lo que mantener la vida rural es clave para la reducción de emisiones. También saben que sin agricultura no hay vida rural. Ahora sólo falta que se lo crean. Tras la salida del Reino Unido, la inestabilidad política española ha impedido que nos colocáramos en el eje Berlín-París-Madrid. Alemania y Francia parecen haber preferido a Polonia. Un país con gran peso agrícola y con un gobierno que no descansa en el apoyo de quienes desean la ruptura de la Nación.

Si en la poesía hubiese habido un hueco para los labradores altivos, hoy se les miraría de forma muy diferente a cómo los definió el líder sindical al que antes me he referido.