El Defensor propone sacar al mercado pisos vacíos para frenar la ocupación

El informe anual recalca que la mayoría de los delitos se producen en casas vacías por personas sin alternativa y pide activar mecanismos legales contra la especulación

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presentó la semana pasada en el Parlamento su informe anual
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presentó la semana pasada en el Parlamento su informe anual

El aumento de los desahucios de viviendas es una problema social recurrente en los informes anuales del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) desde hace una década, como consecuencia de la crisis económica provocada por los sistemas financieros internacionales en 2007. ¿Cuál es la realidad que se esconde detrás de este delito? «En la mayoría de los casos que llegan a la Defensoría, son los propios ocupantes sin título legal los que se dirigen a nosotros exponiendo que se encuentran en situación de exclusión social y la ocupación ha sido el último recurso para no verse en la calle ante la carencia de recursos económicos para acceder a una vivienda», resume en su último informe, relativo al año 2020 y presentado el pasado martes en el Parlamento. El texto puntualiza que los afectados recurren a la institución «en ocasiones tras haber sufrido uno o varios desahucios, con un coste psicológico y emocional muy alto».

El Defensor responde con datos a la «avalancha de noticias en medios de comunicación recogiendo un supuesto aumento del fenómeno de las ocupaciones de vivienda». En este sentido, mantiene que «la ocupación de viviendas vacías es la que alcanza cifras más altas», según datos proporcionados por el Ministerio del Interior: en el primer semestre del año pasado hubo 7.450 denuncias por ocupación de viviendas, un 5% más que en el mismo período del año anterior en España. Mientras, en Andalucía las denuncias disminuyeron entre enero y junio, respecto al mismo período del año anterior: 1.183 frente a las 1.236 de 2019. El Defensor esgrime las cifras de viviendas vacías –3,5 millones, según el censo de 2011, hace diez años– para exigir la intervención pública. «La ocupación como respuesta a la necesidad de vivienda debe llevar a las administraciones públicas a replantearse sus políticas en esta materia –señala el informe–. Las autoridades deben proteger el derecho a la propiedad, pero no es menos importante su obligación de garantizar el derecho a la vivienda y preservar el fin social que debe tener esta». Sus propuestas pasan por una doble vía: por un lado, incrementar el parque público de vivienda social y, por otro, activar mecanismos legales para controlar la especulación en el mercado inmobiliario e incentivar la salida a venta de las que se encuentran vacías.

El diagnóstico del DPA es tajante y considera que, pese a la normativa aprobada y las ayudas al alquiler puestas en marcha por el Gobierno y la comunidad, se está vulnerando un derecho fundamental, que recoge la Constitución en su artículo 47. «La vivienda, no nos cansamos de repetir, constituye la base para poder disfrutar de otros derechos fundamentales. Y, a pesar de ello, es inaccesible para cada vez mayor parte de la población», critica el Defensor, destacando que la pandemia del coronavirus y el confinamiento domicliario decretado en marzo del año pasado «han supuesto la gota que ha colmado el vaso de la problemática de la vivienda en España»

En este sentido, destaca el creciente número de familias que no pueden «con sus propios medios comprar o alquilar una vivienda en el mercado libre, ni tampoco acceder a una vivienda protegida, pese a reunir los requisitos, dada la insuficiencia del parque público de viviendas y su inadecuación para algunas demandas de vivienda, por ejemplo la de familias unipersonales». A esa coyuntura, se le añade que «muchas personas cuyo medio de vida estaba constituido por empleos precarios, o no estaban trabajando y no tenían derecho a prestaciones, han sido doblemente golpeadas por la pandemia».