Carreteras inteligentes

Los ciudadanos pensamos que el dinero público no es de nadie al tiempo que los gobernantes están convencidos de que es suyo. Aunque exagerada, esta extendida opinión nos ayuda a explicar muchos comportamientos. Uno de ellos es el de creer que el gasto público no debe hacer otra cosa que aumentar y con los impuestos no cabe otra que reducirlos. Puede que la coyuntura económica favorable a veces permita aumentar el gasto y bajar los impuestos a la vez pero cuando las crisis debutan y desde 2008 llevados dos gravísimas, entonces las cosas se complican.

Por ejemplo, las cosas se complican cuando vas a pedir 140.000 millones para reactivar tu economía del leñazo de la pandemia pero tus socios europeos te piden un plan creíble que conduzca al equilibrio presupuestario lo antes posible. Es el momento de recortar gastos y aumentar impuestos y esto es como sacudir a los ciudadanos del sueño de creer que los almuerzos son gratis. Casi todos los partidos de la oposición se han manifestado abiertamente en contra de gravar el uso de carreteras. Es una reacción fácil de prever. La revuelta de los chalecos amarillos en Francia comenzó por una subida de la imposición sobre el diésel y las de Irán y Ecuador por el anuncio de la retirada de los subsidios a los hidrocarburos. Las tres revueltas tienen como denominador común afectar notablemente al bolsillo de la gran masa social de contribuyentes y, especialmente, a los que hacen de la distribución y el transporte de mercancías y personas su «modus vivendi».

En el futuro mediato las carreteras suministrarán información a sus usuarios como las redes de fibra óptica lo hacen ahora. Así lo avanza un estudio del Centro Universitario de la Defensa de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán. Por ejemplo, cuando se aproxime una curva peligrosa el sistema nos puede avisar con una música de alerta y lo mismo cuando nos aproximemos al lugar de un accidente o de un colapso de circulación. Dado que no hay «almuerzos gratis» habrá que responder a ¿y esto quién lo paga?

Al tiempo que se desarrollan las carreteras inteligentes, la forzada transición a la electromovilidad dará al traste con la recaudación actual procedente de los hidrocarburos pues, en definitiva, será un combustible muy poco utilizado. Para España esto implica buscar un impuesto alternativo con capacidad de recaudar casi 13.000 millones al año, una cifra que para Andalucía fue de 119 millones para 2018 (último año disponible). Si utilizamos una lógica sencilla que consiste sustituir combustible por combustible, lo inmediato sería pensar que lo que antes se recaudaba por el gravamen de los hidrocarburos, ahora se debería recaudar por el gravamen de la electricidad … o por el uso de carreteras. Si España toma la primera alternativa habría que aumentar el impuesto especial sobre la electricidad que para el último año disponible (2018) supuso 1.351 millones (22 en Andalucía), esto es, mucho menos que la imposición sobre hidrocarburos. El resultado final sería aumentar más el precio de la electricidad para todos los españoles o exigir un impuesto especial en los puntos de recarga de coches eléctricos.

Como vemos, nada es fácil y mucho menos sencillo de explicar a los contribuyentes. Más aún, el gran problema de fondo es que el mundo sigue con un sistema impositivo acorde con la estructura económica de la segunda mitad del siglo XX cuando ni había debutado la digitalización, ni la robotización, ni la masiva escapada a los paraísos fiscales ni la economía de plataformas. Esta es la cuestión. Además es una cuestión a la que no se puede dar respuesta desde los sistemas tributarios nacionales.

Una reforma tributaria de calado en sólo un país provocaría deslocalizaciones fiscales importantes de todos los sujetos pasivos afectados que puedan cambiar su domicilio fiscal. Por eso, las grandes reformas tributarias que se acomoden al gran cambio económico que supone la cuarta revolución industrial deben ser abordadas lo más coordinadamente posible en el ámbito internacional.

Es cierto que cada cosa tiene su tiempo. Por ejemplo, hasta que las carreteras inteligentes se implanten en nuestra red secundaria posiblemente se necesitarán décadas, pero los compromisos de reemplazo del parque de vehículos convencionales se prevén más rápido y con ellos la caída en la recaudación de impuestos sobre hidrocarburos. Para ese tiempo hay que tener una solución en marcha bien para tener unos ingresos tributarios de recaudación, bien, lo que parece menos probable, una reducción del gasto público similar. Permítanme alguna propuesta. La Comisión Europea tiene sobre la mesa la propuesta para desarrollar una tasa de ajuste en frontera sobre el carbono. Se trata de una figura que nivele el precio de los productos procedentes de terceros países a las exigencias medioambientales requeridas a las empresas con sede en alguno de los países de la Unión. Es una cuestión compleja pero necesaria de abordar. Probablemente sea mejor recibida que exigir el pago por el uso de carreteras que, como la sanidad, la defensa o la educación, tendemos a pensar que se pagan con dinero que llueve del cielo como maná en la travesía por el desierto.