El «talón de Aquiles» del pleno empleo almeriense

Hay cuatro municipios almerienses en los primeros puestos del ranking de pobreza español y todos ellos tienen en el sector agrícola su principal actividad económica. El último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística ha colocado a Níjar como la localidad con menor renta neta media anual por habitante, con 7.097 euros. Le seguiría en segundo lugar la localidad de Vícar, con 7.634 euros, en una lista en la que también se incluye Adra, en sexta posición con 8.192 euros, y El Ejido, en el décimo primer puesto por atrás y con sus 8.348 euros de renta media anual. Todas estas poblaciones dejaron en abril una tasa de paro por debajo del 16% y en su suelo se configura casi la totalidad del sector que lideró las exportaciones andaluzas el año pasado, con casi 3.500 millones de euros. Pero el potencial agroindustrial no parece estar vinculado a la riqueza «oficial» de sus habitantes.

«No es fácil que escuchen por qué ocurre esto, pero la explicación es tan sencilla como increíble. Hay fraude, al no declararse todas las jornadas que realizan los trabajadores. Existe una economía sumergida que nos lleva a este tipo de datos». Antonio Valdivieso, secretario general de Comisiones Obreras en Almería, ofrece las conclusiones de un estudio que ya han puesto «en manos de la Tesorería General del Estado y mandado a la Oficina Contra el Fraude para poner coto a la realidad de las campañas agrícolas en nuestra tierra». Si bien los datos al cierre de cada año son de récord, en producción y facturación, desde el sindicato advierten de que «la gran mayoría de los trabajadores de la agricultura y el manipulado están en situación precaria, sin convenio del campo desde 2015 y con aplicación del salario mínimo, que no cumplen tampoco algunas empresas. Hablamos de unos 50.000 trabajadores que en las rentas de 2020 cobraron menos de lo que les correspondía. En algunos casos hasta el 25% por debajo». Valdivieso pone en duda la pobreza «real» de localidades productoras tras evaluar los datos aportados por la Junta de Andalucía respecto a las jornadas que se necesitan por cultivo y hectárea: «Al no recogerse esa actividad laboral, desaparece un montante que alcanza hasta 45 millones de euros cada campaña anual en la provincia. 25 millones que no ingresa la Tesorería General del Estado y 20 que pierde la Agencia Tributaria».

Además, desde CC OO recuerdan que el INE no tiene en cuenta los posibles trabajadores sin contrato, algo difícil de cuantificar pero que estiman en «unas 25.000 personas, entre el 30 y el 40% de jornales bajo invernadero», y que se vincula a «la labor de personas en situación irregular en nuestro país, capaces de aceptar unas condiciones de trabajo inadmisibles». Mano de obra barata, que sigue recogiéndose a primera hora en las rotondas almerienses, como atestiguan sanciones de la Inspección de Trabajo. «Resulta contradictorio que luego se lancen mensajes diciendo que no se quiere a los inmigrantes y que no se regule su empleo, con lo que suponen en este modelo económico», dice Valdivieso.

Pero la sostenibilidad social es uno de los requisitos exigidos por Europa y tras publicarse la encuesta son varios los medios holandeses y alemanes que llegan a Almería para filmar el talón de Aquiles de su principal foco productivo. La presencia de asentamientos ilegales e infraviviendas, precisamente en poblaciones como Níjar, son las imágenes más buscadas. Una realidad social a la que presta asistencia desde hace años una asociación de carácter solidario, Almería Acoge. «Sorprende esta desigualdad cuando ves la calidad y potencial de esas ciudades, la riqueza evidente en las viviendas y vehículos de sus vecinos, el nivel de vida e ingresos de los empresarios». Juan Miralles, director del colectivo y coordinador autonómico para Andalucía y Ceuta de la Fundación Cepaim, lamenta que «para que el modelo almeriense sea un éxito, hay vecinos y vecinas que soportan trabajos penosos. Algunos que no han podido regular su situación en nuestro país y, ante la necesidad, cogen lo que les ofrecen. Mercado negro, economía sumergida y una verdad: su renta les coloca directamente en situación de vulnerabilidad o en una posición de exclusión social evidente». Hasta cinco incendios en los últimos años en poblados de trabajadores de los invernaderos, como Walili, Don Domingo, Atochares y la Paula, calcinaron cientos de infraviviendas construidas con plásticos y palés de madera. Siniestros que dejaron sin techo a cientos de personas, alguna que otra atendida por las heridas y milagrosamente sin fallecidos. Aunque se trabaja en desmantelar estos asentamientos y Níjar anunciaba la construcción de viviendas sociales para jornaleros, Miralles no se sorprende de que «sigan existiendo ese tipo de poblados; que se siga manteniendo esa vergüenza. El INE no da datos inventados y recoge solamente esos contratos discontinuos y legales. Es difícil que el modelo tenga futuro si no corrige esta desigualdad que nos coloca a la cola de pobreza en nuestro país».