«La mejor ley del mundo es inservible sin dotación económica suficiente»

Una de las personas que ha logrado que Andalucía cuente en breve con una Ley de Atención Temprana –si no la que más– es Antonio Guerrero. Hace casi ocho años, y después de sufrir en su propio entorno lo mal que lo pasaban los menores con trastornos y sus familias, se propuso dar un giro a la situación. Creyó entonces que la única forma de mejorar el servicio que se ofrecía era acudir al Parlamento y convencer a los todos los grupos políticos, de izquierda a derecha, de que era necesario un cambio. Logró poner de acuerdo a todos en 2015 –aún con Susana Díaz en San Telmo– para aprobar una proposición no de ley (PNL) y continuó llamando a la puerta de los partidos políticos hasta conseguir que la atención temprana, tan olvidada, acaparase titulares y fuera objeto de debate permanente.

Fruto de esa insistencia la Ley de Atención Temprana está a punto de ser una realidad. Esta semana se ha producido la comparecencia de los agentes sociales interesados en el proyecto de ley en el Parlamento. Antonio Guerrero ha vuelto a ser Antonio Guerrero en estado puro. Porque como él dice, «lo primeros son los niños y niñas», sin importarle si hoy es el PP o ayer el PSOE quien ocupaba el Gobierno de la Comunidad Autónoma. La Plataforma de Atención Temprana y la Fundación Antonio Guerrero formarán parte de su legado, porque tanto él como su querida Katy ya han cumplido de sobra llevando al Parlamento el proyecto de ley. «Si no es aprobada por unanimidad, habrá sido un fracaso de todos, del gobierno y de la oposición», sostiene.

En su intervención, lo primero que hizo fue recordar el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía de marzo de 2020 que recogía que «los derechos no pueden estar supeditados a los recursos económicos que se dispongan» y, por ello, «proponía una ley que regule la atención temprana como un derecho subjetivo que garantice el servicio para todos los niños que lo necesiten». Guerrero lleva años sosteniendo que «lo ideal sería que los niños y las niñas estuvieran en el sistema Diraya del Servicio Andaluz de Salud».

«Andalucía es grande, pero le falta grandeza para acoger y proteger sin limitación a los niños y a las niñas con trastornos en su desarrollo –aseguró-; se está mercadeando con la grandeza de Andalucía por tres milésimas de punto del presupuesto de la Consejería de Salud. Si estuviesen en el SAS estarían atendidos en todas y cada una de sus necesidades y no sujetos a disponibilidades presupuestarias, que es lo que han hecho con esta memoria económica».

Según explicó, «se ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Consejo Económico y Social» y para colmo, según la información solicitada al Portal de la Transparencia, «se han dejado de ejecutar entre 2019 y 2021 la cantidad de 4,5 millones de euros», lo que a su juicio sería motivo para que «a alguien se le pusiera la cara roja de vergüenza por haber escatimado ese dinero a los niños con trastornos que forman parte del futuro de Andalucía».

El Gobierno andaluz sigue considerando la atención temprana «como un gasto y no como una inversión». Guerrero considera que el texto de la ley «es impecable, pero mejorable», pero lamentó que hasta «la mejor ley de mundo, sin dotación económica suficiente, está vacía de contenido y es inservible, pues no será capaz de cumplir el cometido para que el fue redactada». Por ello, advirtió como un grave error que habiendo en Andalucía 45.500 niños y niñas con trastornos, los presupuestos solo contemplen 18.950, lo que supone dejar de atender a 26.500. «Cuando se comenzó a redactar esta proyecto, el número de menores no obedecía a la realidad porque se utilizaron datos sesgados a la baja durante legislaturas anteriores», recordó.

Guerrero cree que hay que plantearse si los servicios sociales son de interés económico y propone que no sean así considerados para cerrar el paso a grandes hospitales privados, a entidades mercantiles, a multinacionales o a empresas de pluriservicios, para que «solo se permita a entidades sin ánimo de lucro como viene haciéndose durante décadas cuando esto no era rentable».

Entre las sugerencias al texto articulado, Guerrero destacó que es un error «haber dejado fuera a los menores de cero a tres años, en la edad donde más falta hace». Del mismo modo, también fue crítico que la gestión de los conciertos sociales, que llevan «más de dos años sin resolverse por parte de la Consejería de Salud», algo que tildó de «ridículo».

A partir de ahora, Antonio Guerrero afirma que «trabajaremos desde nuestros CAIT para poder ofrecer las mejores oportunidades de recuperación a los niños y niñas. No los dejaremos al cumplir los seis años, defenderemos el derecho a la maternidad de la mujer con discapacidad, lucharemos por erradicar la violencia de género... Trabajaremos por una sociedad más inclusiva, porque como dice nuestra seña de identidad ‘no hay camino para la inclusión, la inclusión es el camino’».