Los agravios auguran más tensiones entre la Junta de Andalucía y el nuevo Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara la composición de un nuevo Ejecutivo que tendrá que hacer frente a las comunidades autónomas que se sienten agraviadas por las cesiones a los independentistas. La ley de amnistía no sólo ha provocado el enfado del PP y Vox, la judicatura, los empresarios y un amplio sector de la sociedad española. La condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, el traspaso de la gestión de los Rodalies, la cesión del 100% de la recaudación o incluso la posibilidad de que el País Vasco gestione su propia Seguridad Social son medidas pactadas que están generando bastante crispación entre los presidentes autonómicos, once de ellos populares.

Andalucía ya ha anunciado que estará vigilante para que no se rompa la igualdad entre las comunidades y, sobre todo, para que la región no salga perjudicada tras los pactos con los secesionistas. «Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos», se empeñan en asegurar desde el Gobierno andaluz, que ya se prepara para una nueva etapa de confrontación con el Ejecutivo central, mucho más agudizada por los desequilibrios que se están planteando.

De momento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado 17.800 millones de euros, equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts. ¿De dónde sale esta cantidad? En total son 16.300 millones los que se condonan a Cataluña en el marco del FLA y esa cantidad equivale a una condonación de 2.099 euros por habitante, según el último dato del censo de Cataluña publicado en el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ahí salen los 17.800 millones que reclama Andalucía, según también el último dato del censo publicado por el INE.

La reclamación de un nuevo sistema de financiación autonómica ya es un clásico del paquete de peticiones de la Junta al Gobierno, un modelo que el Ejecutivo andaluz considera «injusto» y «lesivo» para Andalucía. Según sus cálculos, desde que Zapatero pactó este sistema con ERC en 2009, la comunidad autónoma ha perdido 11.000 millones de euros.

Mientras se articula un nuevo mecanismo, la Junta insiste en reclamar un fondo de compensación transitoria para «recuperar 15.000 millones perdidos». Precisamente, el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar sí recoge este extremo. Sin hacer mención expresa a Andalucía, el pacto de coalición alude a las comunidades «infrafinanciadas» en un punto en el que los firmantes se comprometen a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado un fondo de compensación. En el acuerdo, además, se habla de impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque no concreta ningún plazo ni cantidad. Un modelo que «garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad».

La sequía sigue azotando con fuerza y, aunque las últimas lluvias han aliviado un poco la situación en los pantanos y en el campo, el panorama es preocupante y los efectos ya son notorios en el sistema productivo. En este sentido, la Junta insistirá en la ejecución del medio centenar de obras hidráulicas que el Gobierno tiene pendientes. Hay dos que destacan y que ayudarían a solucionar la falta de agua que padecen los cultivos del entorno de Doñana. De un lado, las obras para el desdoble del túnel de San Silvestre, por el que se trasvasaría agua de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras para los regadíos del Condado. De otro lado, la construcción de la presa de Alcolea, con capacidad para 166 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Este proyecto se ha aplazado hasta 2028.

En cuanto a las infraestructuras, la Junta viene exigiendo al Gobierno la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo. El tramo Bobadilla/Antequera-Algeciras es de vital importancia para conectarse con el Puerto de Algeciras, una terminal que mueve el 21% del tráfico portuario español y que se sitúa en el primer puesto de España y el sexto de Europa. El pacto entre el PSOE y Sumar alude a esta infraestructura, aunque sólo habla de su «impulso» sin concretar plazos ni inversión.

En cuanto al AVE, el hasta ahora ministro de Presidencia, Félix Bolaños, garantizó que la alta velocidad llegaría a Almería en 2026 pese a las dificultades. Los pactos con los independentistas, que incluyen el traspaso del Cercanías a la Generalitat, han hecho saltar las alarmas. El portavoz del Gobierno andaluz expresó su «cautela» sobre este asunto porque los plazos «se han venido incumpliendo».