Dicen que el Tribunal Constitucional está para garantizar la supremacía de la Constitución española como eje principal y entre otras cuestiones controlar la actuación de los poderes públicos, legislativo y ejecutivo, resumiendo, asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático y proteger los derechos y libertades de las personas frente a posibles abusos de poder. Desde luego con la reciente sentencia sobre la ley de amnistía (la del presidente Sánchez, un trabajo de corte y confección), se han lucido. Con las patas colgando han dejado a la mayoría de ciudadanos con sentido común lógicamente, excepto a los de siempre: separatistas, independentistas, bilduetarras y algún que otro fugado de la justicia española desde hace unos cuantos años residiendo a cuerpo de rey en Waterloo, quien, por cierto, ha conseguido su traje a la medida a la espera de algún que otro fleco. Ante este panorama nada gratificante, los hombres y mujeres que conforman la Guardia Civil, ciudadanos como el resto de los mortales, con uniforme verde sí, que pagan sus impuestos como el resto, pero con una pequeña diferencia: agentes de la Ley cuya principal misión es el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, al igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos y locales. Los guardias civiles están más que mosqueados por doble partida, como ciudadanos y agentes de la ley. Eso sí ,como buenos profesionales, primer tiempo de saludo y a sus órdenes, pero para eso está la libertad de expresión. Lo lógico es que quien cometa un delito pague con una pena con arreglo al hecho cometido y después de cumplir su pena, si se arrepiente, pida perdón y la sociedad lo perdone, la justicia ya habría actuado. En España eso hace ya un tiempo que es una quimera y por parte del Ejecutivo se hace justo lo contrario: elimina ciertos delitos del Código Penal, indulta con total impunidad y amnistía. El día a día de los guardias civiles es tan complicado como cualquier otra profesión, bueno, algún matiz sí hay, como, por ejemplo, el escandaloso aumento de agresiones a guardias civiles como referencia en Andalucía, extrapolable al resto de España: entre 2020 y 2024 se produjeron 1.455 agresiones en las cuales resultaron heridos 1.536 guardias civiles, de ellos 596 causaron baja de diferente índole con motivo de las lesiones. Y eso sólo en Andalucía y a guardias civiles: desolador. Ahora bien, considerar a los guardias civiles y policías nacionales profesión de riesgo nada de nada. Pero el Ejecutivo no se conforma con eso, sigue maltratando a guardias civiles y policías nacionales como, por ejemplo, con las dietas por servicios extraordinarios como los que se han celebrado en Sevilla con motivo de la cumbre de la ONU, acontecimiento más importante en despliegue policial desde la Expo’92, donde a la falta de planificación se suman la vulneración de derechos laborales y la desigualdad en las dietas a percibir: policías y guardias civiles escala básica (la inmensa mayoría, los que están dando el callo) dietas sin actualizar desde el año 2002, cuando el IPC ha subido un 69,8% en 23 años pero las dietas un 0%: 77,13 euros para comer y dormir para un funcionario/a desplazado fuera de su lugar de residencia, todo ello con una media entre 12 y 17 horas de servicio y con 43º de temperatura. ¿Cémo es posible que los policías locales de Sevilla cobren entre 600 y 720 euros por día de trabajo por el mismo operativo? Mientras tanto, algunos llevándoselo crudo en mordidas y en especie. Y eso que son los adalides del progresismo y feminismo, un gran paralelismo entre el mundo real y el cine: todos a la cárcel, los juegos del hambre y el Lute, camina o revienta, esta última culminaría en una gran fotografía de protagonistas de nuevo con guardias civiles a expensas de desvelar la incógnita.