Arranca el juicio contra Boliden: "Aún estamos pagando las consecuencias"

La herida ambiental esta cicatrizada, pero la provocada al pueblo de Aznalcóllar y a la sociedad andaluza aún supura. Después de 25 años del desastre medioambieNtal, la Junta de Andalucía ha conseguido sentar en el banquillo a Boliden, la compañía que explotaba la mina de Aznalcóllar cuando su balsa de residuos cedió y arrojó a la cuenca del río Guadiamar una riada tóxica.

Sus efectos fueron devastadores. No solo en el entorno, pues afectó a más de 4.000 hectáreas, algunas cercanas al Parque Natural de Doñana. También en la economía: después del incidente, se cerró la mina de Aznalcóllar y el pueblo quedó en el ostracismo. Su economía dependía casi al completo de esta actividad.

Ayer se celebró en la Audiencia de Sevilla la primera sesión del juicio contra esta compañía minera sueco-canadiense. El Gobierno andaluz le reclama unos 90 millones de euros por los gastos de limpieza y recuperación del entorno, pero Boliden rechaza pagarlo.

En esta primera sesión dos altos cargos de la Junta que en 1998 se hicieron cargo de aquel problema expusieron ante el juez los motivos por los que Boliden debe hacerse responsable, también económicamente, de lo que pasó aquel 25 de abril de 1998.

El primero en declarar fue el ex secretario general técnico de la Consejería de Medioambiente por aquel entonces, Juan Antonio López Domecq, quien recordó que «toda» la restauración acometida tras la castástrofe natural de 1998 fue «imprescindible y necesaria» y que la «persistente contaminación» necesitaba una «actuación integral». Se refería López Domecq al Corredor Verde que se creó en la cuenca del río Guadiamar tras lo ocurrido y que Boliden considera que fue «innecesario». Según la compañía, la Junta le imputa «gastos innecesarios» como el de este corredor, pero, a juicio del ex secretario de Medioambiente, no bastaba una restauración del espacio «meramente estética», sino que hacía falta «una actuación integral», por la «contaminación persistente» y también «por la alarma social generada».

El segundo en declarar fue Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Junta. La suya era una de las intervenciones más esperadas en este, que contará en total con 13 interrogatorios. Serrano Aguilar alegó que debido a las dimensiones del vertido «hubo que innovar» a la hora de restaurar la zona afectada, ya que no había antecedentes mundiales de tal calibre. Por eso se creó el Corredor Verde, si bien el ex jefe de servicio reconoció que esta iniciativa se hizo «aprovechando el desastre».

Serrano Aguilar también defendió los estudios en materia de salud pública que se hicieron tras el vertido, dada la alarma social generada. De hecho, incidió, hay proyectos de investigación promovidos por la Administración pública y «relacionados» con este macro vertido contaminante y sus consecuencias, cuyos costes no figuran en la reclamación económica de la Junta a Boliden. «Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas», advirtió.

Mientras, a las puertas de la Audiencia de Sevilla, el responsable de Comunicación de Boliden, Klas Nilsson, atendía a los medios de comunicación. El portavoz de la compañía minera expresó «alivio» por la llegada del juicio: «Hemos tenido discusiones con la Junta y durante muchos años no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise los argumentos», dijo con relación al tribunal. Además, defendió que los «esfuerzos» de Boliden «durante y después» del siniestro fueron «exitosos». «Dejamos la zona de buena manera», apuntó Nilsson, reconociendo que el tribunal condujo esta primera sesión del juicio «de una manera muy respetuosa».