Aznalcóllar urge a la Junta a autorizar la reapertura de la mina, casi 25 años después del desastre

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha pedido este martes al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que agilice la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la apertura de la mina de la localidad, tras casi veinticinco años cerrada desde el desastre medioambiental por el vertido de millones de toneladas de material tóxico.

En declaraciones a Efe, Fernández ha explicado que la autorización depende de la nueva Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y que espera que el futuro nuevo delegado en la provincia de Sevilla “dé el visto bueno cuanto antes”.

Todo está preparado, ha dicho, para que la mina reabra. De hecho, los vecinos han participado en cursos de formación o escuelas taller. “La gente se está formando y queremos seguir abriendo camino para terminar con el paro en el pueblo”, ha señalado.

La reapertura sería “un acicate para una de las comarcas más deprimidas de España”, ya que aunque algunos de los puestos de trabajo que se buscan son específicos y requieren una titulación superior. “También se contratará a camioneros, operadores de planta o vigilantes de seguridad”, añade el alcalde.

El proyecto lo encabeza la empresa Minera los Frailes, que está pendiente de la autorización de la Junta para enviar toda la documentación a la Dirección General de Minas para la aprobación definitiva, con la idea de operar antes de finales de año y realizar una primera voladura de mineral en 2023.

La mina se encuentra cerrada debido a los efectos del vertido que tuvo lugar el 25 de abril de 1988, que provocó que 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y alrededor de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas se dispersasen sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar y recorrieran 62 kilómetros con una anchura de 400 metros. El material tóxico llegó a las puertas de Doñana e inundó 4.600 hectáreas de terreno.

El vertido provocó que se retiraran siete millones de metros cúbicos de lodos y 30 toneladas de animales muertos. En el ámbito social, unas 5.000 personas se quedaron sin empleo. Las pérdidas llegaron a casi 11 millones de euros.

A día de hoy, la balsa se encuentra sellada y colmatada, sin que la empresa Boliden, que explotaba entonces las instalaciones, llegase nunca a sufragar los trabajos ni a pagar sanciones por el vertido.