La Fiscalía investigará al alcalde, la Policía y la Guardia Civil por los ataques a gitanos en Íllora

La Fiscalía Superior de Granada ha abierto diligencias para investigar los ataques ocurridos contra viviendas y bienes de familias gitanas ocurridas en la localidad de Íllora en respuesta al homicidio que presuntamente cometió un joven de esa etnia el pasado 15 de agosto. Según ha informado este miércoles la Sociedad Gitana Española en una rueda de prensa, la Fiscalía responde así a la denuncia interpuesta contra el alcalde del pueblo, Antonio Salazar, como instigador de los hechos, el jefe de la Policía Local y el jefe de la Guardia Civil, además de los autores intelectuales y materiales de los ataques.

Los hechos ocurrieron el martes 16 de agosto cuando, tras una manifestación para exigir justicia por el homicidio de un joven de 19 años en Íllora, un grupo de personas se dirigió a las casas de familiares del presunto homicida, que en ese momento se encontraba huido y que se entregó el día siguiente, y las vandalizaron.

El escrito de la Fiscalía explica que, aunque “los datos aportados por el denunciante no son suficientes”, sí que deben ser valorados los hechos “por razones de competencia” y porque “se ponen de manifiesto unos hechos presuntamente delictivos”.

El presidente de Sociedad Gitana Española, Sinaí Giménez, ha descrito está investigación como “histórica para la sociedad gitana y para el Estado de derecho”, ya que va a ayudar a que “los racistas no se sientan impunes, tengan el cargo que tengan”.

Desde la asociación también urgen a las administraciones públicas a que ayuden a las familias a buscar un nuevo domicilio ya que actualmente sus casas están destrozadas y no pueden volver a ellas.

Giménez ha recordado que en Peal del Becerro (Jaén) la Fiscalía también ha abierto una investigación por un hecho parecido. Hace un mes, en esta localidad otra manifestación por el homicidio de un vigilante de discoteca derivó en ataques a viviendas y vehículos, aunque en ese caso ni siquiera guardaban relación con los detenidos, dado que la Policía impidió el pasó a la calle donde residían sus familias.