Universidad

"Zasca" de la Junta a los rectores andaluces

Les reprocha que se "inquieten" por un proceso legal escrupuloso con dos proyectos de universidad privada y, en cambio, lleven meses de perfil ante una LOSU a punto de ser aprobada por el Gobierno y que empeora el sistema

Varios estudiantes en una de las entradas del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla
Varios estudiantes en una de las entradas del edificio del Rectorado de la Universidad de SevillaEP

Los rectores de las universidades andaluzas han tardado menos de 24 horas en emitir un comunicado para trasladar su "inquietud" ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los proyectos mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía y, sin embargo, se mantienen de perfil ante la inminente aprobación por parte del Gobierno de España de una Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que genera enormes dudas a todos los niveles. De hecho, hoy mismo la propia Junta de Andalucía ha solicitado públicamente que se pronuncien al respecto, dado que también debería provocarlos "inquietud".

"Sería bueno que se manifestaran de forma clara ante una ley que no mejora el sistema, ni la financiación, ni la internacionalización, ni la investigación en las universidades"

Secretario General de Universidades de la Junta

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, se ha mostrado sorprendido por que los rectores andaluces liguen la aprobación de dos proyectos académicos privados con otras cuestiones como la financiación universitaria, aclarando que "en la línea de trabajo abierta con ellos para lograr un nuevo sistema de financiación, la Consejería se ha mostrado siempre leal y dialogante". "Estamos haciendo un trabajo serio y así nos lo han manifestado", ha apuntado para añadir que "ese será el camino por el que seguiremos trabajando". Herrera ha indicado, igualmente, que la norma que realmente genera "inquietud" en los campus es precisamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por lo que ha reclamado a los rectores andaluces un posicionamiento público al respecto. "Sería bueno que se manifestaran de forma clara ante una ley que no mejora el sistema, ni la financiación, ni la internacionalización, ni la investigación en las universidades", ha afirmado.

En el comunicado, todo los rectores recuerdan que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en la que procedía emitir informe previo. Este rechazo, explican, "no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería".

De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas "enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos", precisan los rectores en el citado comunicado. Así, señalan que este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, "despierta una gran inquietud" entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas "seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público que nos corresponde".

En este sentido, los rectores de las universidades públicas andaluzas "queremos expresar, una vez más, nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma", concluyen.

LA RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA: LAS PRIVADAS NO RECIBIRÁN NI UN EURO

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha remarcado que los dos proyectos "cuentan" con todos los requisitos legales establecidos. Ambas normativas reguladoras de estas instituciones académicas obtuvieron el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado martes, por lo que ahora se trasladarán al Parlamento para su debate y aprobación --si obtiene el respaldo de la Cámara--, tal y como establece el marco legal que le es de aplicación.

El secretario general de Universidades ha recordado que "ambas iniciativas disponen de todos los informes preceptivos y legales", entre los que ha destacado el del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo. "En todos ellos no se incluye objeción alguna a dichos textos", ha añadido. Asimismo, el secretario general de Universidades ha querido poner de manifiesto que las iniciativas académicas presentadas han mejorado sus propuestas a la luz de los informes emitidos por las distintas entidades evaluadoras a nivel autonómico y nacional en la fase en la que se evaluaba su viabilidad técnica.

Además, Herrera ha asegurado que estas dos iniciativas vendrán a complementar la oferta formativa del sistema universitario existente en la comunidad y, una vez aprobadas, deberán solicitar la impartición de las enseñanzas y verificar los títulos. Al respecto, ha matizado que "en este procedimiento la Consejería estará vigilante para que se cumplan todos los requisitos de calidad y con los mismos parámetros que se aplican al conjunto del sistema", según ha dicho. Por otro lado, el secretario general de Universidades ha subrayado que las universidades privadas "no constituyen una amenaza" para el sistema público universitario, asegurando que "es posible la coexistencia de lo público y lo privado y que esa complementariedad contribuirá a mejorar la competitividad de todo el conjunto de instituciones académicas". En ese contexto, ha puntualizado que existen 7.000 alumnos universitarios andaluces estudiando de manera presencial en instituciones académicas privadas fuera de la comunidad.

De igual modo, ha reiterado que "la Junta no sufraga a las universidades privadas, por lo que no recibirán ni un solo euro de la financiación pública andaluza". "No se detraerá nada del sistema público", ha apostillado al respecto.