La Fiscalía archiva las diligencias contra el alcalde de Cartaya por un delito de odio

La Fiscalía de Huelva ha archivado las diligencias informativas abiertas para investigar si el alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso (PP), podía haber incurrido en un posible delito de odio después de que hace unas semanas vinculara los índices de delincuencia de la localidad con la inmigración ilegal existente en la misma.

Fue a través de un vídeo difundido en sus redes sociales después del apuñalamiento del propietario de una imprenta del municipio a manos, según daba a entender en sus palabras, de una de estas personas, y en él que aseguraba estar "desesperado" por ese problema.

En un vídeo posterior, mostraba varios cuchillos de distintas dimensiones y barras de hierro que, aseguraba, se les habían requisado a inmigrantes ilegales y apuntaba que "una persona que lleve esto encima, lo mínimo que deberíamos de hacer era mandarlo a su país".

Ambos vídeos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por parte de la asociación La Carpa, que trabaja con personas vulnerables y en riesgo de exclusión social al considerar que el alcalde podría haber incurrido en un delito de odio.

Desde el Ministerio Fiscal han confirmado, como ha avanzado el digilital Huelva24.com, que tras la práctica de esas diligencias no se ha determinado la existencia de indicios de delito para presentar denuncia contra el alcalde.

El presidente de La Carpa, Alfonso Romera, a través de redes sociales, ha lamentado el archivo de las diligencias y ha mostrado su "decepción" con la Fiscalía.

"Confié en la fiscalía de Huelva, ya que los abogados decían que era un clarísimo delito de incitación al odio", ha indicado para después pedir que esta decisión trascienda políticamente y que los juristas de Podemos, Sumar, Mas País, IU y Adelante Andalucía se manifiesten.

En su opinión, "manifestarse contra estas cosas es lo poco que podemos hacer para ser combativos con las hordas xenófobas que solo las parará el pueblo organizado soportado por las fuerzas progresistas".

"No podía ser de otra forma"

Por su parte, Barroso ha indicado que "no podía ser de otra manera", ya que los que le exigieron responsabilidad penal por un delito de odio "confundieron la libertad de expresión y la defensa de la seguridad de los ciudadanos con un comportamiento xenófobo que no se corresponde con la realidad".

"La inmigración ilegal es un problema muy importante en Cartaya, que genera desconfianza en la población y que está haciendo que empiece a cundir el miedo en las calles por la inseguridad ciudadana", ha señalado en un mensaje a través de sus redes sociales.

También ha reiterado su petición al Gobierno de España para que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Cartaya, tomen las medidas necesarias para que las mafias que controlan la inmigración ilegal dejen de actuar impunemente y adecuen la ley a las necesidades actuales, donde los inmigrantes ilegales son prácticamente inmunes a sus actos.

"La inmigración legal es necesaria y bienvenida en este municipio, de hecho la ciudadanía convive de forma pacifica e integradora, pero los ilegales son fuente de conflictos derivados de sus situaciones personales (no trabajo, no documentación, etc.) que les obliga a realizar actos de supervivencia que muchas veces chocan con la legalidad", ha incidido