De la legislatura del agua a la campaña de la sequía

La máxima de todo Gobierno que se precie es ser equilibrado. Un líder no puede olvidar nunca que gobierna para todos, los que lo han votado y los que no. Ello implica medir con extremada precaución la incidencia de las políticas aplicadas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha instalado en sus propias trincheras ideológicas, renunciando en muchas ocasiones a actuar ante lo evidente o centrarse en materias de forma limitada o sesgada. Con la sequía, en concreto, al presidente de todos los españoles le ha pillado el toro. Entregado a las únicas recetas de las organizaciones conservacionistas, durante cinco años de reducción paulatina de precipitaciones, su principal baza –menuda paradoja para quienes enarbolan la falsa bandera de la lucha contra el cambio climático– ha sido esperar a que llueva. Y no lo hace. Horas antes del inicio de la campaña de las elecciones municipales, Moncloa anunció una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para tomar hoy medidas por la sequía.

Nadie está en contra del medio ambiente, al contrario, todo el mundo entiende que es obligada su protección. Tampoco se trata exclusivamente de una cuestión de índole económica, sino de supervivencia. Durante tres largos años el ministro de Agricultura ha echado balones fuera y vendido medidas habituales como excepcionales, mientras las dotaciones de riego han ido menguando. Andalucía ha sido ninguneada por interés político y atacada cuando ha insistido en la necesidad de actuar y, en la medida de las posibilidades, adelantarse tomando la iniciativa. Mientras en Moncloa se han ido apuntando triunfos menores vendidos con un altavoz nacional, en Andalucía hay grandes damnificados del mundo rural que, dicen los expertos en encuestas, serán quienes decanten los resultados de las elecciones futuras. Condenando al fracaso y la precariedad a miles de familias de cientos de municipios agrarios de la comunidad está al mismo tiempo hipotecando el futuro generacional, ese mismo esgrimido para aplicar medidas diseñadas para mirar al futuro lejano y olvidando el presente.

El propio Gobierno reconoce su improvisación cuando ayer, la portavoz Isabel Rodríguez decía que las medidas urgentes «se siguen ultimando», para «dar tranquilidad al sector». Algo imposible, cuando no ha habido diálogo ni consenso previo. Y la vicepresidenta Teresa Ribera en el Congreso insistía en su argumentario: «Es imprescindible trabajar no solamente con la mirada puesta en el corto, cortísimo plazo, sino con un enfoque integral en la gestión del agua, un enfoque realista que calcule cuál es la disponibilidad del recurso, cuál es la capacidad de aportaciones adicionales de recurso, cómo se puede mejorar la gestión en la producción y en el uso del agua», expresó Ribera. Así las cosas, la principales medidas que se esperan son fiscales para los agricultores, es decir, que implican rectificar lo ya anunciado por clamor popular. Pese a todo, generarán el titular del día en los medios de comunicación que cada día engaña a menos gente.

«Aunque la Junta de Andalucía solo tiene competencias sobre el 33% del territorio, hemos puesto 300 millones de euros para obras de emergencia que se están ejecutando. Ahora se han dado cuenta de que han metido la pata y no tienen un discurso del agua. No espero nada del Consejo de Ministros extraordinario», dijo Juanma Moreno. El presidente recordó que «una desaladora tarda 5 años en hacerse y un pantano otros 4 o 5», para explicar que la «política de agua del Gobierno no existe». No hacen desaladoras, no quieren hacer pantanos, rechazan los trasvases, no ejecutan las obras de interés del Estado... «¿Dónde está la política hídrica de Pedro Sánchez?», se preguntó el presidente.

Expertos en materia hídrica defienden la necesidad de «agilizar» las balsas de agua ante la sequía que afecta de modo «brutal» a cultivos de secano, no solo al regadío. Julio Berbel, profesor de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta, y Emilio Camacho, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UCO y también miembro del comité, advierten de que «el daño más fuerte se observa en el secano porque llevan cinco años sin lluvia», mientras que «el regadío ha sido capaz de aguantar cuatro años». Ahora todo agoniza.

Pese a ello, cuentan que la situación es mejor que en la sequía de 1995. Las inversiones han permitido mejorar la garantía de suministro y mejorar la eficiencia en el uso. La gran preocupación llegaría si no llueve en octubre o noviembre. Toca mirar al cielo... y rezar.

COAG pide una nueva dirección en la CHG

El sector agrario en Andalucía lleva meses dando la espalda al Gobierno de España. Las organizaciones agrarias y la Junta han luchado unidas ante los cambios en la PAC que ha defendido el ministro Planas, que incluso fue declarado persona non grata en Córdoba, su ciudad natal, por Asaja. Ayer, fue COAG, organización tradicionalmente vinculada al PSOE, la que emitió un comunicado solicitando la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ante el «grave perjuicio» que está causando a la principal cuenca hidrográfica andaluza. «No está a la altura para gestionar la crisis de la sequía», afirmaron y pidieron un «giro de timón en la gestión» al Ministerio.