AMA destaca los beneficios de un baremo específico de daños sanitarios

Para la directora de RCP de AMA, “el daño sanitario presenta características que lo diferencian del daño corporal derivado de accidentes de tráfico”

“La aprobación de un baremo sanitario viene siendo reclamada por el sector desde hace años”, afirmó Raquel Murillo, directora general adjunta y directora de Responsabilidad Civil Profesional (RCP) de AMA, en el debate inaugural del XXVI Congreso de Derecho Sanitario que tuvo lugar en Madrid esta semana. En el mismo –en el que también participaron el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero; los magistrados César Tolosa y José Carlos López; y el subdirector general del Ministerio de Sanidad, Ángel Luis Guirao– añadió que una tabla específica en Sanidad tendría muchas ventajas: “Entre otras, aumentaría la seguridad de los profesionales y reduciría la medicina “defensiva” y la litigiosidad en el sector”.

Murillo indicó que en el sector, hasta la fecha se ha aplicado, de modo orientativo, el baremo de tráfico que ha tenido un efecto positivo, pero que, sin embargo, no resuelve de forma completa los problemas que se presentan en al ámbito de la responsabilidad civil sanitaria.

Para la directora general adjunta y directora de RCP de AMA, “el daño sanitario presenta características que lo diferencian del daño corporal derivado de accidentes de tráfico. Cuestiones como el estado previo del paciente o la existencia de determinadas secuelas específicas justifican por sí mismas la necesidad de un baremo específico de daño sanitario”.

Así, en relación a la oportunidad de aprobar ese nuevo sistema de valoración, Murillo entiende que no ha existido hasta ahora el necesario consenso político y que “sin duda su aprobación contribuiría a mejorar la situación y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”, aseguró.

Por su parte, los cuatro ponentes que participaron en el taller inaugural coincidieron también en la necesidad de contar con un baremo específico que ayude a cuantificar las indemnizaciones derivadas de los daños producidos por actos sanitarios.